Autonomía.
Paralelismo.
Desgaste.
Alineación política.
La Presidenta Claudia Sheinbaum salió a defender públicamente, de forma innecesaria, a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), señalando que en el pasado ganaban más y gozaban de privilegios que la nueva integración del máximo tribunal eliminó, dejando entrever que hoy sí practican la “austeridad”; el problema de fondo no es si antes percibían sueldos excesivos o si ahora son más moderados, sino la razón por la cual la titular del Poder Ejecutivo considera necesario salir en defensa de otro poder del Estado. Ese gesto, más político que institucional, abre una discusión incómoda sobre la división de poderes y envía una señal contradictoria en un país que presume la autonomía como base de su vida democrática, republicana y diplomática, algo que quizá no es nuevo, por lo menos en el discurso se respetaba lo que cada Poder hacía.
La Constitución establece con claridad que el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial son poderes independientes, diseñados para vigilarse mutuamente y evitar concentraciones indebidas; cuando la Presidenta interviene para justificar a los ministros, se rompe esa lógica elemental, porque me parece que no es una opinión lanzada al aire ni un comentario casual, es una postura expresada desde la investidura presidencial, y aunque la intención sea aclarar o contextualizar, el efecto político es otro, parece que el Ejecutivo tutela o respalda a un Poder que debería sostenerse por sí mismo, sin “padrinazgos”, sin defensas externas y sin necesidad de voceros ajenos que expliquen lo que corresponde explicar a los propios togados.
La contradicción se acentúa si se recuerda la postura de Sheinbaum frente a la intervención de Estados Unidos en Venezuela, pues en distintos momentos ha exigido respeto a la soberanía y al principio de no intervención, una bandera histórica de la diplomacia mexicana; desde luego guardando proporciones, el paralelismo es inevitable, así como México reclama que ningún gobierno extranjero opine o influya en decisiones internas de otro país, también debería ser cuidadoso para que el Ejecutivo no salga en auxilio discursivo del Judicial. La lógica es idéntica, respeto pleno a la autonomía, sin excepciones convenientes ni dobles discursos según el contexto político del momento.
Esta defensa también puede convertirse en un desgaste político innecesario para la propia Presidenta, la SCJN no es un actor indefenso ni carente de voz, pues se supone que sus ministros cuentan con espacios, recursos y atribuciones suficientes para explicar sus decisiones, su desempeño y su situación salarial; al asumir ese rol, Sheinbaum Pardo se coloca en el centro de una polémica que no le corresponde y suma un frente más a una agenda ya cargada de retos económicos, sociales y de seguridad nacional. Cada intervención que no es estrictamente necesaria resta energía, distrae prioridades y puede erosionar capital político a mediano plazo, incluso entre simpatizantes.
El mensaje que se envía a la ciudadanía tampoco es menor, cuando el Ejecutivo defiende al Judicial, se diluye la percepción de independencia y se alimenta la idea de alineación política entre Poderes; en un contexto donde la confianza en las instituciones es frágil, estas señales pesan más de lo que parece y generan dudas legítimas, porque cuidar la forma es cuidar el fondo. La autonomía no solo se ejerce en los hechos, también se comunica con decisiones y límites claros. Creo que cuando los límites se rebasan quien sale perdiendo es la democracia, y ese es el verdadero riesgo; y es que no se trata de atacar a la Presidenta ni de exonerar a la Corte, sino de exigir coherencia institucional, porque la prudencia también es una forma de liderazgo responsable; las y los ministros, solos, deben rendir cuentas a la sociedad, ya que, ahora sí, fueron electos con el voto popular.
