Venta de niños
@Michelleriveraa MichelleriveraMX
Un saldo de 16 órdenes de aprehensión liberadas, cinco detenidos y un prófugo se puede contabilizar hasta el momento desde que quedó al descubierto la red de funcionarios del DIF que participaban en el comercio de recién nacidos en Sonora. A casi dos años de los hechos y una lista filtrada de madres a las que les arrebataron a sus hijos, se pudieron obtener testimonios de mujeres que dieron a luz pero jamás los tuvieron en sus manos y que cuentan con un aviso de parto y huellas plasmadas en una hoja de papel como única prueba de su nacimiento. Algunos niños fueron localizados en Hermosillo, registrados como biológicos por familias que compraron a esta red de traficantes los recién nacidos de mujeres en situación vulnerable, alrededor de 16 padres fueron consignados a la antigua Procuraduría de Justicia del Estado por su probable participación en la presunta comisión de los delitos de suposición, supresión, ocultación y sustitución de padres. Los nueve niños asegurados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) a las personas que los compraron a personal del DIF Sonora fueron reintegrados con ellos, luego de que la Fiscalía desistió de ejercer acción penal en su contra y de que un juez comprobó que los hogares son seguros y los menores se encontraban bajo resguardo de las autoridades en la casa hogar Unacari desde que se ejecutó orden de aprehensión en contra de las personas que los adquirieron. Cabe mencionar que el Artículo 227 fracción primera del Código Penal para el Estado de Sonora decreta que atribuirle un niño recién nacido a una mujer que no es realmente su madre es un delito y tiene un nombre: Suposición de Infante, sin embargo, los menores se encuentran bajo resguardo de los padres que cometieron el delito de comprarlos en total impunidad. En 2015 la PGR atrajo la investigación sobre la venta de niños en Sonora y facilitó la emisión de las fichas rojas para Vladimir Alfredo Arzate Carbajal, exfuncionario del DIF, y José Manuel Hernández, exjurídico de la Unión Ganadera, señalados hasta el momento por la venta de al menos nueve menores. No obstante, las detenciones que se han realizado han sido por parte de las autoridades locales y, según información de fuentes cercanas a la Fiscalía General de Justicia del Estado que coadyuva con la investigación, no todos los exfuncionarios implicados y señalados por testigos, tanto de la Secretaría de Salud como del DIF, en ese entonces encabezado por Iveth Dagnino de Padrés, han sido llamados a declarar por estos hechos. Vladimir Alfredo Arzate Carbajal trabajó durante el periodo de 2009 a 2015 al frente de la Línea Protege de la Procuraduría de la Defensa del Menor y hasta el momento no se ha estimado el número de niños del Hospital Infantil del Estado de Sonora que fueron vendidos, lo que sí es que la lista filtrada del Hospital infantil, de donde su servidora obtuvo testimonios de madres, algunas que ubicaron a sus hijos y otras que continúan buscándolos, revela que podrían ser más de 200 bebés sustraídos. Insistentemente periodistas y medios de comunicación se han adelantado a señalar a Iveth Dagnino de Padrés como la cabeza de la red o como quien tenía conocimiento de los casos, pero hasta el momento no hay una prueba tangible que la ligue con la venta de los menores o adopciones irregulares desde centros de atención del DIF; quien sí puede revelar esta información es el exdirector del DIF Estatal bajo la gestión de Iveth, Agustín Blanco, pero hasta el momento no ha sido requerido por la PGR. ¿Qué estarán esperando?
Rentabilidad electoral a la orden del día Con el tema de la seguridad muchos están opinando para obtener rentabilidad electoral; sólo despotrican, reclaman y buscan raja política y eso se entendería en el caso de algunos panistas que son herencia del padrecismo o de obsesiones personales como la de Damián Zepeda, que no ha superado su derrota en la contienda por la presidencia municipal. Es aún más criticable utilizar recursos públicos que se otorgan a los partidos y que salen de los impuestos ciudadanos para gastarlos en campañas de odio, desinformación y confusión. Eso es lo que viene haciendo recientemente el PAN supliendo la aridez de sus propuestas y tratando de cubrir el atraco que la administración de Padrés llevó a cabo en Sonora. Y aun cuando es perverso y criticable lo que hacen se entiende su propósito, pero lo que resulta incomprensible es cómo algunos que deberían ejercer la objetividad como un compromiso hacen justamente lo mismo que el panismo: utilizar el tema de la seguridad para ganar reflectores, declaraciones alarmistas con el objeto de que los volteen a ver. Eso precisamente es lo que hace el diputado por el PRI Abel Murrieta de Cajeme, quien recientemente declaró a un medio de comunicación que la “seguridad pública en Sonora es un fracaso y las autoridades evaden su responsabilidad”, y no me refiero a que no haya un problema de seguridad en Sonora y Hermosillo, me refiero a que el timing de Abel es muy cómodo para posicionarse en sus aspiraciones a la alcaldía de Cajeme. Usted tendrá la mejor opinión, pero al diputado federal no se le conocen gestiones, posturas ni propuestas o iniciativas, sólo excesos verbales. Además, hablando de seguridad, él debería ser el primero en asumir su responsabilidad ante la indagatoria que la PGR ha instaurado en contra suya por el caso ABC, pero escudado en su fuero es difícil que veamos una declaración suya en ese sentido. Para él es mejor decir que todo está muy mal, porque aceptar responsabilidades no es rentable. Vaya que el mal que aqueja a los panistas de desviar atenciones se contagia a quienes les resulta conveniente.
