Los compromisos se cumplen:
Todavía esta pendiente la reforma en materia electoral, que forma parte de la agenda del nuevo periodo legislativo y, a propuesta de la presidenta de la República, deviene de un proceso de parlamento abierto que consideró la opinión de todo el país.
A casi dos años de que el pueblo sonorense confió en mí para representarle en el Senado de la República, avanzamos con resultados.
En el marco del aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, el 5 de febrero de 2024, Andrés Manuel López Obrador —aun siendo presidente de la República— presentó 20 iniciativas de reformas constitucionales y legales para fortalecer el marco normativo mexicano, a partir de las aspiraciones del proyecto de nación de la Cuarta Transformación.
Veinte iniciativas que pretendían fortalecer el nuevo modelo de Estado de bienestar, actualizando el diseño constitucional —emanado de la Revolución Mexicana, pero fracturado durante el periodo neoliberal— a través del reconocimiento de nuevos derechos sociales, la protección de nuestra soberanía, la recuperación de las empresas públicas y la democratización de los poderes que constituyen al Estado mexicano.
Luego, estas iniciativas se convirtieron en la plataforma electoral de quienes competimos por un cargo de representación en el Proceso Electoral Federal 2023-2024. Como aspirante al Senado de la República por morena, me comprometí con el pueblo de Sonora a impulsar dichas propuestas, además de otras iniciativas solicitadas por las y los sonorenses.
En la primera mitad de la LXVI Legislatura del Congreso de la Unión, buena parte de las 18 iniciativas constitucionales y dos legales fueron aprobadas. Algunas de forma íntegra; otras con modificaciones que devinieron del análisis técnico y el debate legislativo, y otras más a partir del replanteamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum y del diálogo con los actores involucrados.
Hoy por hoy, los programas de apoyo para personas mayores, personas con discapacidad, jóvenes, campesinos y pescadores son derechos constitucionales, así como el acceso a una vivienda adecuada. Se creó el Fondo de Pensiones para el Bienestar como un instrumento que ha de contribuir a la garantía de una vida digna para las personas trabajadoras tras su retiro laboral.
Ahora, el artículo 2° de la Constitución reconoce a los pueblos y comunidades indigenas y afromexicanas como sujetos de derecho público con personalidad jurídica y patrimonio propio, reivindicando su derecho a gobernarse bajo sus propias reglas y la obligación del Estado de invertir en su bienestar. Los planes de justicia son ejemplo de este avance constitucional.
El espíritu de la iniciativa hídrica se incorporó en la reforma a la Ley de Aguas Nacionales y la expedición de la nueva ley general en la materia, para garantizar el derecho humano al agua y el abastecimiento del vital líquido en las regiones con estrés hídrico. Desde la Carta Magna, también se protege el maíz nativo y se promueve una cultura libre de violencia animal.
Con las reformas en materia de áreas y empresas estratégicas, así como de vías de transporte ferroviario, se recuperó el valor público de la infraestructura y del desarrollo industrial; alternativas a la privatización neoliberal que ponen el bienestar social en el centro de las decisiones. Igualmente, el internet ya es reconocido como un servicio público que contribuye al disfrute de los derechos del pueblo.
Después de años de resistencia de la oposición, la reforma constitucional en materia de austeridad hizo posible que ningún servidor público gane más que el presidente de la República. La extorsión, la emisión de comprobantes fiscales falsos, el mercado ilegal de fentanilo y de otras sustancias químicas esenciales se incorporaron como delitos graves. Para proteger a las y los jóvenes de las adicciones, el fentanilo también es considerado problema de salud pública.
Gracias a la reforma al Poder Judicial, el pasado domingo 1 de junio se celebró la primera elección judicial, cuyas personas electas ya están en funciones en las diferentes instancias judiciales con el responsabilidad de trabajar por el acceso de las personas a una justicia pronta y expedita. La Guardia Nacional se consolida con su adscripción a la SEDENA y es parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024-2024.
Las funciones que realizaban varios organismos constitucionales autónomos —algunas de ellas duplicadas en órganos que representaban un costo adicional al erario—, se transfirieron a dependencias y entidades de la Administración Pública federal. Un primer resultado de este cambio constitucional fue la primera medición de pobreza realizada por INEGI —al que se transfirieron las responsabilidades de CONEVAL—, la cual evidenció que más de 13.4 millones de personas salieron de la pobreza en el sexenio anterior.
Posdata. La visita de la presidenta Claudia Sheinbaum a Sonora el fin de semana es muestra del cumplimiento de los compromisos de su gobierno. Apenas en marzo de 2025, visitó el estado para anunciar el arranque de la obra de modernización de la carretera Bavispe-Nuevo Casas Grandes. Diez meses después, regresó para inaugurar la obra concluida.
