Hay altura de miras en el Plan B por la democracia.
Lorenia Iveth Valles Sampedro
Senadora de la República
Un compromiso de campaña de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como de quienes llegamos a la Cámara de Diputados y al Senado de la República como parte del proyecto del segundo piso de la Cuarta Transformación, es una reforma profunda al sistema electoral mexicano para dar lugar a una verdadera democracia popular, que no solo garantice el derecho del pueblo a participar en la vida pública, sino que el sistema electoral y de representación sea menos costoso.
Como mencioné en reflexiones anteriores, el punto de partida del proyecto de reforma electoral deviene de la iniciativa que presentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero de 2024, cuando aún era titular del Poder Ejecutivo federal. Esta iniciativa se convirtió en parte de nuestras propuestas hacia las elecciones del domingo 2 de junio de ese mismo año, la cual fue avalada por el pueblo con su voto.
En consecuencia, en agosto de 2025, la presidenta Claudia Sheinbaum impulsó una reflexión nacional sobre el futuro de la democracia mexicana y la construcción de un sistema electoral acorde con las nuevas demandas populares. A través de una Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, en el país se llevaron a cabo diferentes foros de propuestas que se reunieron en la iniciativa de reforma constitucional que fue discutida por el pleno de la Cámara de Diputados hace unos días, no obstante, no contó con la mayoría calificada para su aprobación en el Pleno.
La vocación democrática y de construcción de acuerdos de nuestro movimiento dio lugar al “Plan B”, un nuevo proyecto de reforma electoral que la presidenta de la República enviará este martes al Congreso de la Unión y que, como se mostró públicamente el domingo pasado, cuenta con el respaldo de las dirigencias nacionales de morena, PT y PVEM, al igual que de las tres fuerzas que conforman la mayoría legislativa en las dos cámaras federales.
Entre las propuestas se considera la reducción del número de regidoras y regidores en los ayuntamientos y del presupuesto que reciben los congresos de las entidades federativas, a fin de destinar esos recursos públicos a los programas de apoyo a la gente. De concretarse dichas propuestas se abonará a la misión de que la democracia cueste menos y de perfeccionar la representación pública en los niveles de mayor contacto territorial con la gente, como las diputaciones locales y las regidurías.
En las fuerzas políticas que integran la Cuarta Transformación hay coincidencia en la necesidad de que la democracia sea menos costosa, pero sin perder su eficacia como vehículo para asegurar la participación del pueblo en la vida pública. Esta coincidencia se refleja en las reformas constitucionales y legales aprobadas en los últimos años para traducir los programas de bienestar en derechos constitucionales y acabar con los privilegios de las burocracias.
Posdata. En 2021, una de las primeras acciones del gobernador Alfonso Durazo fue el acuerdo con el Congreso del Estado de Sonora para reducir a la mitad el financiamiento público que recibiría el Poder Legislativo estatal en el año fiscal 2022. Los recursos provenientes de este ahorro presupuestal se canalizaron a las becas para estudiantes, lo cual contribuyó a que estos apoyos hoy sean el principal programa social de su administración.
