La narrativa oficial insiste en que “ya se está acabando con la corrupción” y que la violencia es culpa de Calderón; pero los hechos documentados y judicializados —esa terca realidad—, cuentan otra historia.

Acribillar a jugadores en un partido de fútbol y dejar al menos once muertos debería ser suficiente para evidenciar la incapacidad del Estado para garantizar la seguridad básica. Y este tipo de episodios se repiten al grado de llamarlos “la normalidad mexicana”.

Todos estos casos configuran protegidas conductas que van desde la corrupción abierta hasta la complicidad con estructuras criminales. Un total desprecio por la ley.

Y ni hablemos de Acapulco o Poza Rica, en materia de desastres naturales, con una respuesta estatal considerada lenta e improvisada, incluso en un contexto de alerta meteorológica.