En abril de 2024, el gobierno federal anunció con orgullo el inicio de operaciones del Fondo de Pensiones para el Bienestar (FPB), un instrumento creado para remediar uno de los dolores más persistentes del sistema mexicano de seguridad social: las pensiones bajas.
La promesa era contundente: complementar las pensiones de los trabajadores que cotizan al IMSS o al ISSSTE bajo el régimen de
cuentas individuales para asegurar que nadie se jubilara con menos del 100% de su último salario, si este era igual o menor a 16 mil 777 pesos mensuales.
En teoría, el fondo tomaría recursos de diversas fuentes, entre ellas, las cuentas inactivas en las Afores y otros activos públicos y los destinaría a complementar las pensiones de quienes aun habiendo cotizado toda su vida no lograran alcanzar una pensión digna.
El planteamiento era ambicioso, pero su ejecución ha demostrado ser deficiente. Un estudio reciente del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria documenta con claridad lo que muchos temían: el FPB no está cumpliendo con su función redistributiva. Más de 90% de sus recursos no se han utilizado para complementar pensiones, sino que han regresado a las cuentas individuales de los trabajadores, ya sea porque no cumplieron con los requisitos o porque simplemente no reclamaron el complemento.
Durante su primer año, el FPB recibió 44 mil 833 millones de pesos, apenas 70% de lo que se había proyectado originalmente. De esa cantidad, sólo 36.7 millones fueron utilizados para pagar complementos, muy lejos de los 470 millones estimados. En cambio, mil 478 millones se devolvieron a cuentas individuales. Es decir, el mecanismo no está llegando a quienes realmente lo necesitan.
El fracaso del fondo, al menos en este arranque, no es meramente financiero: es de diseño, de operación y de visión social. Por un lado, los requisitos para acceder al complemento son tan restrictivos que la mayoría de los trabajadores no califican. Exigen una cantidad mínima de semanas cotizadas, una edad específica y un monto acumulado que muchos no han logrado reunir, sobre todo quienes han vivido en la informalidad o con lagunas en su historial laboral.
Por otro lado, existe una profunda falta de información y difusión: millones de trabajadores no conocen el fondo, no saben si califican o cómo reclamarlo. El resultado es un programa que luce bien en el discurso, pero que en la práctica ha tenido un alcance marginal, beneficiando, según estimaciones, a apenas 0.1% de los pensionados que deberían recibirlo.
A eso se suma la ausencia de aportaciones regulares. Tras un fuerte arranque en el segundo trimestre de 2024, el fondo dejó de recibir recursos en el cuarto trimestre. Esta caída amenaza su sostenibilidad: si no se garantizan ingresos constantes, el FPB podría agotarse antes del 2038.
El caso del Fondo de Pensiones para el Bienestar es sólo un reflejo más de los desafíos estructurales que enfrenta el sistema mexicano de pensiones. El gasto público en pensiones ya representa 23.5% del presupuesto federal y 6% del PIB y seguirá creciendo conforme más personas lleguen a la edad de retiro sin haber acumulado lo suficiente en sus cuentas individuales.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar simboliza algo más que un nuevo programa gubernamental. Simboliza una pregunta que sigue sin respuesta clara: ¿el Estado mexicano tiene la voluntad, la capacidad y los recursos para garantizar una vejez digna a sus ciudadanos? Por ahora, el saldo es decepcionante. La mayoría de los recursos del fondo no están cumpliendo su propósito. Su impacto es casi simbólico, y su diseño no permite que cumpla con el papel de justicia social que se le atribuyó.
Si no se flexibilizan los criterios, se mejora su operación y se garantiza su financiamiento, el FPB será otro parche fallido en una estructura que ya muestra grietas por todos lados. El derecho a una pensión digna no debería depender de un tecnicismo, una omisión administrativa o un fondo que no funciona.
Analista y consultor en Afores y pensiones
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