Ni revocación, ni ratificación…
Por ahora la presidente de México no podrá legalmente hacer campaña durante el próximo proceso electoral; insisto, legalmente.
Ante una pérdida de poder en el congreso, el ejecutivo responde con una acción inmediata para demostrar que la agenda sigue adelante, reduciendo la incertidumbre en su base electoral; o al menos eso, quisieran dar a conocer.
Hasta la próxima PROSPECTIVA
Sin argumentos, sin claridad política, sin acuerdo entre los aliados… por ahora la revocación de mandato quedará emplazada para 2028, en los términos que dice el artículo constitucional y será otro espacio más de fracaso de las tribus en el poder por intervenir el proceso electoral para conseguir que la presidente de México aparezca en la boleta de las elecciones intermedios, y desde luego conseguir en algún porcentaje deshacerse de sus aliados, partido verde ecologista de México y partido del trabajo y con ello, dar un paso hacia la consolidación autocrática de un partido único por elecciones.
Nada más patético que presumir mes con mes la simpatía, la aprobación y la aceptación de la presidente de México y al mismo tiempo argumentar desde la oficina de propaganda del gobierno mexicano de todos los días que por economías del proceso electoral la consulta de revocación de mandato debería de estar instalada el mismo día y durante el mismo proceso, en las mismas casillas de las elecciones intermedias.
No es un tema de desconocimiento de la norma, tampoco lo es de falta de análisis o falta de reflexión política, simplemente es la urgencia autocrática de un gobierno que no ha logrado superar ninguno de los indicadores de servicio a la sociedad mexicana, que no ha conseguido más que administrar recursos de los mexicanos en el gasto social y que está consciente de que cualquier evaluación que se haga a su gestión de gobierno saldrá negativa.
El tema de la revocación de mandato que fue como la carta escondida del movimiento, que presume el oficialismo de hoy, ha quedado al descubierto, especialmente para los partidos aliados a morena y hoy no tiene marcha atrás, la reforma constitucional que permitiría el ejercicio de revocación o de ratificación; como usted, amable lector lo quiera entender, ha quedado para una oportunidad posterior y por ahora, toda la trama que construyeron poniendo a sus más fieles servidores, encabezados por Pablo Gómez, para manipular los procesos electorales y para volver al viejo modelo de control, como si estuviéramos viendo la dirección política del México de los años setentas, esa trama que estudiaron detenidamente para que no procediera y tuviera un espacio de nuevas propuestas en un llamado plan B, ha quedado trunco. No habrá consulta de revocación de mandato en 2027.
A las tribus en el poder se les ha descompuesto el escenario y tendrán que hacer un replanteamiento de su alianza con los otros partidos políticos, porque en donde han sido consistentes, puntuales y cumplidos, es en su relación con las organizaciones criminales, creadas por el propio movimiento del oficialismo o bien las que hoy tienen repartido el territorio nacional y actuando casi en libertad.
Desde el punto de vista, estrictamente jurídico constitucionalista, críticos sostienen que realizar la revocación junto con las elecciones intermedias permitiría a la presidenta aparecer en la boleta de forma indirecta, lo que podría interpretarse como la intervención del ejecutivo en la competencia electoral; el mandato presidencial en México es por un periodo fijo y adelantar la consulta, se percibe como lo que es una alteración de las reglas democráticas bajo las cuales fue electa, lo que podría vulnerar el principio de certeza jurídica.
La presidenta ha defendido la propuesta con un argumento pueril: ahorro económico, al utilizar las mismas casillas de las elecciones federales, y desde luego rechaza que su intervención sea hacer campaña pero tras la decisión en el Senado, la señora atribuye a la negativa un temor electoral de los partidos de oposición y de sus aliados, a que su popularidad impulse los votos de morena, suponiendo que la propuesta es buscar la eficiencia operativa, desde la técnica constitucional es un riesgo para la equidad de la contienda, por ahora, al no haberse aprobado el cambio al artículo 35 constitucional, en el plan B, la revocación de mandato de la presidenta Sheinbaum seguirá legalmente programada para el año 2028.
Para cualquier ciudadano, lo que ha sucedido en la cámara de senadores en la semana que termina, es un rechazo a la iniciativa de la presidente Sheinbaum y aunque en boca de la propia presidenta mantenga el discurso de que no es una derrota, queda por usarse una fórmula que en psicología social se conoce como una estrategia de reencuadre cognitivo, porque es una técnica que les ayuda a minimizar el impacto negativo de lo sucedido con tal de tratar de evitar la desmoralización de sus seguidores, en lugar de aceptar el fracaso de la mayoría calificada, desplaza el foco hacia la exposición de los opositores y yo agregaría de los aliados disidentes como el partido del trabajo y el partido verde ecologista de México, como obstáculos al espíritu de la democracia… lo que cada uno de ustedes quiera entender.
Las severas críticas que la señora Sheinbaum ha dirigido hacia los legisladores, incluso de su propio partido, que no apoyaron la propuesta sirven para preservar la auto imagen de la presidenta, pero la realidad es que su proyecto en plan A y en plan B falló, no por deficiencias técnicas o por falta de cabildeo, sino por la falta de principios de otros y al usar la expresión: traidores al pueblo, pues trata de reforzar la lealtad de quienes sí permanecieron alineados, creando un enemigo común, externo o interno, según sea el caso; la rapidez con la que se anunció y proceso un plan B, tras el rechazo del 11 de marzo, indica la urgencia de recuperar la percepción de control.
Por otro lado, lo que algunos perciben como evasión, también se le puede llamar elegantemente atención selectiva al enfocarse en puntos específicos como la regulación de la inteligencia artificial en campañas o la reducción de pensiones doradas, la presidenta ha elegido algunas batallas en las que goza de mayor consenso popular, con lo que evita profundizar en los aspectos de la reforma que causaron la ruptura con sus aliados como son el financiamiento a los propios partidos o al sistema de representación, es decir, su conducta parece estar orientada a transformar un revés político en una narrativa de resistencia moral, como si los mexicanos no entendiéramos la diferencia.
Las reacciones de los partidos aliados a morena parece que se están encaminando a terminar con la alianza y hacen cada vez más viable la posibilidad de una ruptura definitiva de la alianza entre morena y el partido del trabajo y entre morena y el partido verde tras el rechazo de la reforma electoral en marzo del 26 es un escenario de alta tensión, pero con matices importante sobre su futuro político, por ahora la alianza sufrió una grieta evidente, cuando el partido del trabajo y el partido verde ecologista de México, votaron en contra de la reforma constitucional de la presidenta Sheinbaum el 11 de marzo de 2026.
El partido del trabajo argumentó que la reforma anulaba avances democráticos históricos, mientras que el partido verde ecologista mostró reticencia sobre el financiamiento y la representación, a pesar de esa fricción tanto los líderes de uno como de otro partido, han declarado que la coalición para la elección del 2027 sigue en pie, aunque creo que los militantes del PT de Oaxaca no parecen decir lo mismo y tampoco los dirigentes del partido verde y sus procesos electorales en los estados, como por ejemplo en San Luis Potosí.
Tendrá futuro político la separación si para Morena no queda claro que necesita a sus aliados para mantener la mayoría calificada indispensable para las reformas constitucionales. Sin ellos el gobierno está obligado a negociar con la oposición o a conformarse con reformas legales menores como el actual Plan B, por otro lado para los partidos aliados de morena, seguirán estando en una relación de dependencia de la estructura y popularidad de morena para mantener su registro y obtener posiciones claves; una separación los obligaría a competir solos en el 2027, lo que pone en riesgo su relevancia política; es decir, aparecerían en el escenario electoral del tamaño que son, por otro lado, el uso de retórica interna sobre traidores al movimiento, puede ser que esté generando una presión social fuerte sobre las bases de los aliados, lo que podría forzarlos a re alinearse para evitar el castigo electoral de los simpatizantes de Morena.
El hecho es que la confianza se ha visto comprometida por el voto diferenciado en la reforma electoral, el pragmatismo electoral sugiere que la alianza probablemente si sobrevivirá hacia el 2027, una ruptura total en este momento dejaría a morena vulnerable legislativamente y a sus aliados en una posición de debilidad frente a las urnas. El futuro político de morena parece depender más de la capacidad de Sheinbaum para disciplinar a los aliados mediante la negociación del plan B que de una separación amistosa.
Desgraciadamente, no deja de ser un factor constante la percepción de vínculos entre el crimen organizado y el movimiento oficialista porque sigue introduciendo una variable de riesgo en su reputación y en la cohesión con sus aliados, que naturalmente, afecta la dinámica de esas alianzas; Primero los aliados están obligados a analizar si les alcanzan los beneficios de la alianza para superar los costos políticos que tiene la imagen de vinculación con organizaciones criminales.
Desgraciadamente hay muchos casos en el país que caen por su propio peso en la narrativa de narco partidos, el tema ha permeado lo suficiente en la opinión pública, ya a los aliados les podría convenir buscar una distancia táctica para evitar ser arrastrados por el estigma, utilizando estos temas como moneda de cambio en las negociaciones legislativas, como ya se vio en el rechazo a la reforma electoral de marzo del 2026.
El debate sobre la influencia del crimen en las elecciones ha llevado a los actores políticos, al punto de proponer que se anulen comicios donde se compruebe dicha intervención. Si se aprueba en mecanismos legales que castiguen con la pérdida del registro el uso del dinero ilícito, los partidos aliados tendrán un incentivo real para romper vínculos o al menos exigir mayores controles internos para no desaparecer como institución en concreto, más que fortalecer la alianza a través de recursos económicos, estos escenarios generan una fragilidad estructural y la alianza se vuelve más transaccional, los aliados saben que morena es altamente vulnerable en el flanco de su relación con organizaciones criminales y podrían usar esa vulnerabilidad para exigir mayor autonomía o cuotas de poder amenazando con la ruptura, si el costo social de los vínculos criminales se vuelve electoralmente insostenible hacia el 2027.
