Es verdad que estas cifras siguen siendo objeto de debates, colectivos de búsqueda y organizaciones como Causa Común señalan que los datos oficiales podrían estar minimizando la problemática debido a los cambios de metodología de clasificación, implementados recientemente.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas cinco estados concentran el mayor número de personas desaparecidas: el Estado de México con 14,675 personas desaparecidas con un incremento crítico en casos de mujeres y menores de edad. Tamaulipas, que registra 13,692 casos y que es una de las zonas con mayor incidencia histórica. Jalisco, que acumulado 12,698 registros oficiales; Michoacán, que reporta 7599 personas desaparecidas y Nuevo León, que registra 7262 casos y es señalado por tener una de las tasas per cápita más altas del país.

No obstante que en cada nación se utilizan metodologías y definiciones legales distintas, en el caso de América Latina, México y Colombia representan las cifras acumuladas más altas de la región, aunque obedezcan a contextos diferentes, Colombia reporta un universo de 124,734 personas vinculadas principalmente a escenarios de conflicto armado y el caso de México con 132,534 casos vigentes a marzo de 2026. La mayoría de sus registros se concentran en los últimos 20 años, vinculados a la violencia del crimen organizado.

En el análisis de las cifras de nuestro país, existe lo que se podría llamar una anomalía estructural; no estamos precisamente ante un fenómeno de extravío común, sino ante una herramienta de control territorial y gestión de la impunidad por parte de grupos criminales:

-Y hay ciertos perfiles por región, en la frontera del norte, por ejemplo, las estadísticas están sesgadas hacia hombres jóvenes (reclutamiento forzado o enfrentamientos), en el centro del país, también hay un comportamiento típico relacionado con mujeres jóvenes, que podría ser una sugerencia de vinculación estadística con redes de trata de personas.

Las estadísticas en México no reflejan sólo una crisis de seguridad. Tal vez más claro sería expresarlo como un sistema de gestión de terror. La desaparición de una persona es la tecnología criminal más eficiente porque mantiene el delito en un estado de suspensión permanente con lo que se impide cualquier cierre jurídico o social.

La estadística criminal en nuestro país lleva obligadamente a buscar una relación entre el despliegue de fuerzas armadas y los indicadores de desaparición, porque revelan un fenómeno de violencia persistente. La militarización no ha detenido la tendencia al alza; por el contrario, en varias zonas críticas, los despliegues de estructuras militares coinciden con picos estadísticos en el análisis de la criminalidad, especialmente en el tema de desapariciones.

Entre las muchas implicaciones que genera la presencia militar masiva, existe un patrón de fragmentación criminal, es decir, los despliegues de estructuras militares suelen fragmentar a los carteles, lo que genera nuevas células delictivas que suelen utilizar las desapariciones como tácticas de control rápido y de bajo perfil ante la presencia militar.

Durante el primer año de la administración federal actual se registró un promedio de 40 desapariciones diarias, alcanzando un récord histórico, a pesar de los despliegues preventivos. El Estado de México, Sinaloa, Guanajuato son entidades con altos índices de desapariciones, a pesar de tener entre los despliegues de la Guardia Nacional más numerosos del país, la coexistencia de altas tasas de homicidio y desaparición sugiere que el despliegue militar no ha logrado romper el ciclo de violencia territorial.

Hasta este mes de abril de 2026, la coordinación entre la Federación y los estados se sigue articulando a través del sistema nacional de seguridad pública y el gabinete de seguridad bajó una estrategia 2024-2030, que da prioridad a la inteligencia y a la consolidación de la Guardia Nacional.

Se han presentado datos que sugieren una disminución, en ciertas categorías delictivas, por ejemplo, homicidios dolosos presenta una disminución que podría estimarse hasta en un 30% respecto a periodos anteriores y sin embargo da más la impresión de qué lo que está haciéndose no es una eficacia en el campo, sino en el manejo metodológico de las estadísticas.

El gobierno mexicano está moviendo el enfoque de la búsqueda en campo hacia la búsqueda en la base de datos; lo que viene, es que veremos una unificación masiva de registros para identificar a personas que están vivas, pero que no saben que tienen un reporte de desaparición, el riesgo latente es que esta metodología se use más para bajar cifras administrativamente y no para encontrar a quienes realmente han sido víctimas de violencia.

Es muy probable que la administración federal logre estabilizar o inclusive reducir la cifra de homicidios dolosos, a costa de mantener alta la cifra de desapariciones. Para el crimen organizado, la desaparición es un costo eficiente; porque no genera una carpeta de investigación por asesinato de forma inmediata, ni reduce la presencia de la Guardia Nacional en los territorios.

La triste realidad es que existe una crisis de legitimidad con los colectivos y en un futuro inmediato está marcada una ruta de colisión, por ejemplo, con las madres buscadoras o con las organizaciones civiles, porque mientras el gobierno federal intenta validar su censo de búsqueda que siempre les arroja números menores, las familias denuncian una labor de borrado de nombres y esto ocasiona una fricción que se ha conformado ya como un desafío político para el gobierno de la República.

El sistema nacional de inteligencia se ha consolidado como el eje central de la estrategia nacional de seguridad del actual gobierno, y no sólo busca combatir al que lo realizado, sino que tiene una aplicación directa en la crisis de desapariciones a través de varios mecanismos.