Empecemos, por la nueva Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (LGSNSP), misma que salió a la luz, el 16 de julio de 2025 en el Diario Oficial de la Federación, y articula la “Estrategia Nacional de Seguridad 2024-2030”, cuyo foco es profesionalizar a la policía, uso de inteligencia y tecnología, coordinación interinstitucional y la prevención del delito, fortaleciendo el rol de la SSPC. Lo que siendo justo, no son objetivos nuevos, ni novedosos. Sólo en su estructura organizacional y mandos sí hubo cambios. Las estrategias policiales, ahora suman a la Guardia Nacional. En fin, es un acomodo operativo que se sustenta, supuestamente más en el método atendiendo, dicen, a las causas, no a la mera reacción. Todavía, con un tufillo del sistema pasado inmediato: “Abrazos, no balazos”, aunque son sus matices.

En Guanajuato, nos rige la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado, desde 2022. Es decir, su marco es anterior a la cita Ley Federal. Pero, en lo que aquí interesa, igual, sus funciones de seguridad contemplan obligatoriamente, la coordinación con los municipios. Esto como eje del sistema de seguridad pública y específica que, con respeto a lo Federal. ¿Acaso no es igual obligación de las instituciones federal coordinarse con el Estado y de paso, con los municipios?

Tales ordenamientos obligan a las autoridades o sus instituciones de Seguridad Estatal y Municipal, a coordinarse con la finalidad de preservar el orden y la paz social. En este punto, es justo agregar que al menos desde la legislación se hace el intento, agregando vía reformas o adiciones que incluyen la creación de grupos especiales para proteger a personas defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (2025). Igual es relevante asentar que se deben, gracias a estas leyes, implementar en lo municipal y en coordinación con estado y federación, políticas y acciones transversales que atiendan los problemas delincuenciales.

Es igual de importante, para despejar las dudas razonables que estas legislaciones con fuerte tinte político, más que de efectividad y eficacia, suscitan en el tema de la competencia en sus propios ámbitos de validez y de territorialidad, aunque por supuesto, esto se resuelve, como es común y obvio, con otras leyes adjetivas y sustantivas en materia penal. Sumando los Reglamentos y/o Bandos de Buen Gobierno. Amén, del Mandato Constitucional del artículo 21, que sin duda, precisa  que en lo municipal, en el tema, se ciñe a la prevención. 

LA CONDICIÓN SINE QUA NON: Esta breve introducción al tema de Seguridad Pública, incluso también la Privada, su intención es ir clarificando y se espera que ayude a su solución del affaire reciente en que una persona que se atrevió a denunciar que estaba siendo extorsionado, fue asesinado, se infiere que por atreverse a evidenciar ante la autoridad ese delito y eso ha traído una polémica penosa, pues desde la autoridad estatal se contradice lo que viene señalando el presidente municipal de Celaya. Digo, en lugar de abonar soluciones y además reconocer omisiones y responsabilidades, se quiere echar la pelota caliente al Edil, que ya de por sí, tiene gran carga en dicho sentido de la Seguridad Pública, ante una delincuencia imparable y cada día más atrevida, como es el penoso asunto aquí referido. Seguiré en la próxima semana con el tema. Es lo que hay. Cuídense.