La nueva era de la Auditoría Superior de la Federación ha dado mensajes contundentes; sus facultades podrían convertirse en un contrapeso relevante frente a una Secretaría Anticorrupción subordinada al Ejecutivo.
A un año, vale la pena hacer una pausa y mirar con rigor dónde estamos parados. No se trata de nostalgia institucional ni de resistencias al cambio, sino de la necesidad de garantizar que el derecho de acceso a la información siga siendo una herramienta viva, útil y cercana a la ciudadanía.
Durante este primer año, el nuevo organismo descentralizado ha emitido pocos comunicados; apenas unos cuantos y, en ellos, no hay nada realmente novedoso. Los lineamientos son prácticamente los mismos que construimos más de 100 comisionadas y comisionados en este país, incluso “tirando el lápiz”, y que se aplicaban en el sistema nacional de transparencia; no hay innovación, como si bastara una simple “pasadita” para cumplir con su mandato. Y cuando no pueden resolver algo, la respuesta recurrente es remitirse al pasado: explicaciones evasivas que no aclaran los problemas ni fortalecen la confianza pública.
En este espacio hemos dado seguimiento puntual a la evolución del nuevo modelo. Desde su origen, se planteó como una transformación orientada a la austeridad, a la simplificación administrativa y a una mayor cercanía con la ciudadanía. En los hechos, sí ha habido cambios importantes: reducción de estructuras, reasignación de funciones y un rediseño institucional.
Sin embargo, los datos y la percepción pública muestran claroscuros. Por un lado, el nuevo organismo ha atendido recursos de revisión (casi 6 mil en 2025) y mantiene operativa la plataforma de solicitudes. Por otro, persisten dudas relevantes: no existe información suficiente sobre los criterios de resolución, ni una publicación sistemática de sus decisiones que permita evaluar su consistencia.
La transparencia no se mide solo por la cantidad de solicitudes atendidas, sino por la calidad de las respuestas, la claridad de los criterios y la confianza que genera en la ciudadanía. Hoy, para muchos ciudadanos, Transparencia para el Pueblo sigue siendo una figura lejana, poco identificable y que aún no ha logrado posicionarse como la vía natural para ejercer un derecho fundamental.
Parte de este desafío tiene que ver con el diseño mismo del modelo. La dispersión de funciones entre distintas autoridades garantes y la reducción de capacidades operativas (con menos de la mitad del personal que tenía el INAI) han generado un sistema más fragmentado. Esto puede traducirse en menor claridad para los usuarios y dificultades para dar seguimiento efectivo a sus solicitudes.
También existe preocupación sobre la independencia del organismo. Diversas voces advierten el riesgo de que el gobierno se convierta en juez y parte en la resolución de controversias. Aunque existen mecanismos institucionales para equilibrar esta situación, la confianza no se decreta: se construye con hechos, transparencia en las decisiones y apertura a la evaluación pública.
No todo es negativo. El modelo ha puesto sobre la mesa la importancia de que la información pública sea útil, comprensible y orientada a resolver problemas concretos de las personas. Ese enfoque es valioso y necesario. Pero, para que funcione, debe ir acompañado de certeza jurídica, reglas claras y de instituciones que realmente generen confianza.
A un año de distancia, el reto es claro: no basta con que el sistema exista; tiene que ser conocido, utilizado y, sobre todo, creíble. La transparencia no puede convertirse en un trámite más ni en una herramienta que solo funcione en el papel. Se requiere fortalecer mecanismos de evaluación, publicar resoluciones de manera abierta, mejorar la experiencia de las personas usuarias y reconstruir la confianza en el sistema.
