Ayer, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara y contundente con respecto a la ética en el ejercicio del poder. Quien aspire a un cargo de elección popular debe separarse de su encargo. No es una sugerencia, sino la reiteración de un principio básico de ética y de congruencia democrática, entendiendo la democracia como una competencia en condiciones de equidad.

El mensaje no es menor. En México hemos normalizado que regidores, presidentes municipales, legisladores locales y federales, e incluso funcionarios de todos los niveles, “aspiren y suspiren” mientras siguen en funciones. Y en ese “mientras”, muchas veces se diluye la frontera entre el deber institucional y el interés personal, generando condiciones desiguales frente a quienes compiten sin el respaldo del aparato público.

¿Por qué es tan relevante esta definición? Porque el servicio público no es un trampolín político financiado con recursos de todas y todos. Quien hoy administra personal, vehículos, presupuestos o programas sociales, tiene la responsabilidad de usarlos exclusivamente para cumplir con sus funciones, no para construir una candidatura. La confianza ciudadana no puede ser utilizada como moneda de cambio electoral.

La ley es precisa. El uso indebido de recursos públicos (humanos, materiales o financieros) para promoción personal constituye una falta administrativa grave. No hay matices. No importa si se trata de una camioneta oficial en un evento proselitista, de personal operativo “apoyando” en horarios laborales o de viáticos utilizados para actividades ajenas al encargo. Todo ello vulnera la confianza ciudadana, distorsiona la competencia y rompe el piso parejo que exige cualquier contienda democrática.

Además, este tipo de prácticas no sólo afectan la equidad electoral, también erosionan la credibilidad institucional. Cuando la ciudadanía percibe que los recursos públicos se utilizan con fines personales, se debilita la legitimidad de las instituciones y se profundiza el desencanto con la vida pública. Por eso, la integridad en el ejercicio del cargo no es un tema menor: es la base de cualquier democracia funcional.

Por ello, lo dicho por la presidenta no sólo es oportuno, sino necesario. Separarse del cargo cuando se busca una candidatura no es un castigo, es una garantía: evita ventajas indebidas, protege la imparcialidad institucional y fortalece la equidad electoral. Es, en pocas palabras, una medida de integridad pública que debería asumirse como regla, no como excepción.

Si observas que un servidor público utiliza recursos institucionales para promoverse; si detectas que personal de una dependencia es movilizado con fines distintos a su función; si ves vehículos oficiales en actividades políticas, hay mecanismos para denunciar. Y hay que hacerlo. No por confrontación, sino por convicción democrática y por respeto al dinero público.