Sin embargo, los hechos invitan a la duda.
Resulta, cuando menos, curioso que ahora la responsabilidad de garantizar la transparencia recaiga precisamente en oficinas que dependen jerárquicamente de los gobiernos que deben vigilar.
Cuando un funcionario decide qué preguntas merecen respuesta y cuáles no, se debilita el principio mismo de apertura gubernamental.
La reciente reconfiguración del sistema de Acceso a la Información Pública en Sinaloa plantea más preguntas que certezas. Con la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP) y el traslado de las facultades de transparencia y rendición de cuentas a los órganos internos de control municipales, el discurso oficial insiste en una mayor cercanía con la ciudadanía.
El 3 de abril de 2024, al rendir protesta como titular del Órgano Interno de Control, Everardo Velarde Miller fue cuestionado por reporteros sobre un posible parentesco con el entonces secretario de Economía estatal, Ricardo Velarde Cárdenas.
La pregunta era legítima. En un contexto donde el combate al conflicto de interés debería ser una prioridad, aclarar vínculos familiares no tendría por qué ser incómodo ni polémico. Aun así, el funcionario optó por no responder.
Lejos de ofrecer una explicación clara o un deslinde contundente, Velarde Miller evadió el cuestionamiento y sugirió a los reporteros que preguntaran sobre otros temas. La insistencia de la prensa no cambió su postura.
¿Qué se puede esperar de la rendición de cuentas cuando quien debe garantizarla se niega a responder un cuestionamiento básico y directo? ¿Cómo confiar en que los órganos internos de control actuarán con independencia si su titular marca distancia del escrutinio público apenas asume el cargo?
El traslado de estas funciones al ámbito municipal ya generaba inquietud entre organizaciones civiles, precisamente por el riesgo de que la vigilancia quede atrapada entre relaciones políticas y afinidades personales.
