Por José Joel Peña Llanes
Internacionalista y doctor en Derecho y en Administración Pública. Investigador adscrito al Centro de Investigaciones Globales Anáhuac y profesor de la FES Acatlán-UNAM
La violencia armada llegará a 2026 más inestable que en cualquier otro momento de las últimas décadas. Así lo advierten el International Institute for Strategic Studies (IISS), en su Armed Conflict Survey 2025, y el International Crisis Group (ICG), cuyos análisis se han convertido en referencia obligada para anticipar los focos rojos del sistema internacional. Sólo entre julio de 2024 y junio de 2025, de acuerdo con el IISS, se registraron casi 240,000 muertes vinculadas a la violencia, un 23% más que el periodo anterior.
Los conflictos que exigirán máxima atención el próximo año son, ante todo, guerras entre Estados o con fuerte dimensión interestatal: La guerra de agresión de Rusia contra Ucrania; los conflictos en Medio Oriente; el pulso nuclear entre India y Pakistán reactivado por los combates en Cachemira; las tensiones en Venezuela; y el aumento de la retórica militarista de Washington hacia México, Panamá y el Caribe, que ya ha tenido consecuencias fatídicas. A ello se suman guerras internas internacionalizadas en Sudán, Myanmar, la República Democrática del Congo y el colapso de Haití, donde grupos armados actúan ya como poderes de facto.
Entre las múltiples lecciones que nos deja el 2025, destacaría que el respeto al derecho internacional ya no es la norma, sino la excepción, pues su incumplimiento sistemático es cada vez más evidente. Los bombardeos indiscriminados, los asedios que provocan hambrunas y el uso de la migración como arma política ilustran una brecha creciente entre las obligaciones jurídicas de los Estados y su conducta real.
Al mismo tiempo, las instituciones creadas para garantizar la paz y contener la violencia se encuentran limitadas. La ONU se ve bloqueada por los vetos cruzados de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad; la Corte Internacional de Justicia y la Corte Penal Internacional enfrentan el hecho incómodo de que varios de los Estados que más violan el derecho internacional no aceptan su jurisdicción o simplemente desoyen sus sentencias. Y qué decir de los organismos regionales de derechos humanos, cuyas decisiones, jurídicamente vinculantes en numerosos casos, siguen siendo ignoradas o cumplidas de manera selectiva por los Estados.
En este contexto internacional crecientemente volátil irrumpen, además, movimientos populistas de extrema derecha –y, en menor medida, de extrema izquierda– que capitalizan el malestar social, profundizan la polarización y erosionan la confianza en cualquier solución negociada. Su agenda nacionalista agrava la incapacidad de los gobiernos para coordinar respuestas a conflictos armados y a desafíos transnacionales de igual o mayor gravedad, como la crisis climática, las pandemias, la desigualdad o las nuevas olas migratorias.
Si algo muestran los datos del IISS y las alertas tempranas del ICG es que 2026 no sólo será un año de conflictos más intensos, sino de un orden internacional “basado en reglas” cada vez más incapaz de frenarlos, siendo las personas civiles quienes más sufren las consecuencias.
