Análisismiércoles, 26 de marzo de 2025
A la sombra / Cuauhtémoc Blanco
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La Cámara de Diputados desechó la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco con 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones. El exfutbolista y exgobernador subió a tribuna antes de la votación, sin estar registrado como orador. “Lo único que les pido —y yo con mucho estaría dispuesto a ir a la Fiscalía—, yo no tengo miedo, aquí estoy, estoy parado ante ustedes y estoy de frente, dándoles la cara”, dijo. Su intervención generó enfrentamientos entre legisladoras de oposición y diputadas de Morena. El dictamen fue defendido por la mayoría oficialista bajo el argumento de improcedencia jurídica. El PT se desmarcó y votó en contra. El PAN y Movimiento Ciudadano exigieron justicia para la víctima. El PRI y el PVEM pidieron a la Fiscalía de Morelos reponer el procedimiento.
Desde la oposición, diputadas del PAN y de Movimiento Ciudadano cuestionaron el voto mayoritario que protegió el fuero de Cuauhtémoc Blanco. Con una cartulina que decía “No llegamos todas”, la bancada panista expresó su respaldo a la denunciante: “Nidia, yo sí te creo”, dijo la legisladora Annia Gómez Cárdenas. Anayeli Muñoz, de MC, acusó a las diputadas de Morena de traicionar sus propias banderas: “No pueden traicionar a esos millones de mujeres que vieron una esperanza en que llegara una mujer presidenta. Son ustedes el movimiento con más mujeres en el poder. Este era el momento de demostrarlo”. Pero no sucedió.
Durante la conferencia matutina, tanto el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como el fiscal Alejandro Gertz Manero dejaron ver su incomodidad ante los señalamientos y dudas en torno al manejo del caso Izaguirre. García Harfuch evitó calificar el rancho como “campo de exterminio” y enfatizó que, hasta ahora, los indicios apuntan a un centro de adiestramiento criminal. Señaló que no se puede confundir la existencia de homicidios en un sitio con una operación sistemática de exterminio. El tono fue seco, el mensaje claro: no se adelantará ninguna conclusión sin sustento forense.
Por su parte, Gertz Manero endureció su postura frente a la Fiscalía estatal de Jalisco, a la que responsabilizó de haber convocado a colectivos y medios una hora antes de la visita oficial al rancho. El fiscal subrayó que la FGR ya tomó posesión formal del predio y advirtió que se exigirá a las autoridades locales la entrega total de pruebas, restos, objetos y expedientes. “No voy a crear problemas, los voy a resolver”, dijo, visiblemente molesto, al ser cuestionado sobre la falta de coordinación. “Todo lo que falta es su responsabilidad y van a tener que dar cuentas”, remató.
El actual director de la Agencia Nacional de Aduanas México, Rafael Marín Mollinedo, está dispuesto a enfrentarse al Partido Verde Ecologista, supuestamente para asegurarse en unos años la candidatura al gobierno de Quintana Roo bajo la bandera del movimiento de la Cuarta Transformación. Nos aseguran que, con este único objetivo, regresó al país y a la administración pública federal, con la condición también de que se mantuviera en el puesto por tan sólo dos años, más que suficientes para acumular capital político y, sobre todo, recursos.
Lo prometió y lo cumplió. Cuando iniciaba su sexenio, Andrés Manuel López Obrador sentenció la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; los comisionados y los trabajadores conocían con anticipación la intención del líder cuatroteísta de extinguir al INAI. Los cuatro integrantes del pleno que quedaron al último —Blanca Lilia Ibarra, Julieta del Río, Josefina Román y Adrián Alcalá— eran los encargados de tratar de revertir esa decisión y cabildear por la permanencia de ese órgano, también debían exponer los incumplimientos en los que caería México por romper acuerdos de transparencia internacional. En cambio, los comisionados optaron por las disputas internas, la grilla, los señalamientos y traiciones, y se quedaron al margen en el proceso que terminó con varios años de lucha para garantizar el acceso a la información.