Lo único novedoso es que el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, les renunció su asesoría y ahora forma parte del equipo del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia del acordeón.
Defensora de derechos humanos
A punto de cumplirse 11 años de la horripilante noche entre el 25 y 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero, cuando policías municipales armados hasta los dientes, persiguieron, detuvieron y entregaron a un grupo de delincuentes a estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el caso de su desaparición, sigue sin resolverse.
Los estudiantes, al secuestrar camiones para asistir a la marcha del “2 de Octubre, no se olvida”, nunca se imaginaron que habían tomado transportes equivocados con carga ilegal y los pitazos de alarma general fueron inmediatos. Esa noche se estremeció no solo a esta zona del estado de Guerrero, también cimbró al priismo, cuyo gobierno encabezado por Peña Nieto. Su procurador no pudo sustentar su Verdad Histórica respecto de que los 43 estudiantes, fueron calcinados en un basurero del municipio de Cocula, con la intención de dar carpetazo a su búsqueda.
López Obrador, recordemos, en 2018 prometió que “se va a conocer lo que realmente sucedió, que se sepa dónde están los jóvenes y se castigue a los responsables. Mi compromiso es no fallarles a las madres, a los padres”. Se acabó su sexenio y no cumplió, por el contrario puso un muro verde olivo a la verdad y a la justicia. “No somos iguales” dijo López. Pero el ocultamiento de la verdad, la corrupción y la impunidad evidencia que son peores porque engañaron a las madres y a los padres de estos estudiantes.
La Comisión de la Verdad que ofreció e instaló sólo pudo señalar lo que ya sabíamos: fue un crimen de Estado, y madres y padres recibieron un palmo en las narices. El caso de Ayotzinapa es escandaloso por el manoseo político que derivó en su utilización electoral por parte del gobierno: se dijo que la Comisión que se instaló en 2019 y concluyó en 2022 coadyuvaría en el esclarecimiento de la verdad; dar satisfacción al justo reclamo de los familiares; llevar a la justicia a los responsables sin importar sus cargos; ofrecieron delinear líneas de investigación tocasen a quien tocasen, incluyendo el Ejército; se confío que el cambio de partido en el gobierno rompería el pacto de impunidad.
Van once años esperando la verdad con sus consecuencias, que no dudamos caerían como huracanes contra el sistema de investigación policial en los tres órdenes de gobierno, contra la procuración de justicia local y federal, la impartición de justicia y sobre todo alcanzaría a quienes no se quiere tocar: a las fuerzas armadas.
¿Qué hará la Presidenta después de cargar un año con este crimen de Estado? Todas y todos los jóvenes, incluidos los estudiantes de Ayotzinapa, no debieron ser desaparecidos de manera forzosa: por agentes del Estado, o por aquiescencia. Nadie que haya ocupado un encargo público al frente de las instituciones involucradas, puede rehuir su responsabilidad política.
La desaparición forzada se ha instalado de manera alarmante desde el sexenio de Calderón. Hoy las cifras son un elefante en el centro de las mañaneras de la presidenta Sheinbaum. Ahí está, cada vez más ancho, recargándose hacia el podio presidencial: más de 121 mil personas desaparecidas y aumentando, según el registro oficial; más de la mitad se originaron en el sexenio de su mentor: López Obrador.
