Nadie duda de que en México tenemos un problema con la delincuencia y violencia donde lamentablemente uno de los delitos más dañinos es la extorsión, pero ello no justifica dejar resquicios legales para mal utilizar esta figura.
Hay un proverbio que dice que “no hagas cosas buenas que parezcan malas”, tal es el caso de la nueva Ley General para prevenir, investigar y sancionar los Delitos en materia de Extorsión, que de acuerdo con algunos expertos puede constituir una herramienta legal de carácter penal que pueda tener como finalidad silenciar a periodistas y medios de comunicación acusándolos de extorsión.
También hay que señalar que existen seudo profesionales que usan sus “reportajes” para extorsionar o bien para promover campañas de desprestigio pagadas por terceros, por lo regular son personas que van de medio en medio, se van y después atacan a los medios donde trabajaban, pero tarde que temprano su juego se cae y pierden credibilidad; se aclara, no son periodistas sino se trata de opinadores estridentes, en su fantasía develan complots, explican tramas dignas de novelas, polarizan, siembran miedo, en suma, desinforman a la población con supuestas investigaciones especiales.
Precisamente por ese tipo de personas es que algunos legisladores dejaron de lado las críticas y observaciones que se formularon a la nueva Ley contra la Extorsión en el sentido de que podía afectar las libertades de expresión e información, pagan justos por pecadores.
Entre las porciones que causan mayor preocupación para la libertad de expresión se encuentra el artículo 17 fracción V que agrava la pena hasta en 12 años adicionales cuando se utilicen medios, dispositivos, medios, servicios o plataformas a través de los cuales se pueda realizar la transmisión de información de cualquier naturaleza que se efectúe a través de hilos, radioelectricidad, medios ópticos, físicos, sistemas electromagnéticos o cualquier otro medio electrónico, prácticamente incluye a todos los medios de comunicación.
Otro aspecto es lo previsto en el artículo 16 fracción IX que sanciona la extorsión cuando “sea cometida en contra de alguna persona candidata a un cargo de elección popular o cuando sea electa”, no debe perderse de vista que estamos en un contexto donde los políticos se victimizan y consideran a periodistas y medios como adversarios, es muy peligroso dotarles de esta vía que claramente puede ser utilizada con fines políticos.
La posibilidad de acusar penalmente a un periodista no sólo es un modelo de criminalización a la prensa, sino que además manda una clara señal para que no se critique ni incomode al poder político, propiciando la autocensura, limitando el derecho a la información y reduce el debate público.
La nueva Ley estaría próxima a publicarse en el Diario Oficial debido a que ya fue aprobada en ambas Cámaras del Congreso, es previsible que haya juicios de amparo, serán de los litigios que pongan a prueba la “imparcialidad e independencia” de la nueva Corte ante la libertad de expresión.
