De este modo, las pensiones dejaron de ser un sistema de seguridad y protección de los trabajadores para convertirse en el millonario negocio de unos cuantos plutócratas.

Así, las pensiones siguieron la ruta de bancos, ferrocarriles, siderúrgicas, puertos, aeropuertos, carreteras, petroquímica, líneas aéreas y una muy larga lista de bienes nacionales que pasaron al dominio de capitalistas privados.

Al cabo de 20 años, las pensiones, como otros sectores privatizados de la economía, demostraron su incapacidad para cumplir sus ofertas de mejoría social y popular.

Y no cabe duda de que los tiempos son propicios. Para empezar, hay en Palacio Nacional un gobierno sensible a la justeza de esta demanda popular.

En segundo término, con la desprivatización de las pensiones aumentaría el respaldo popular y electoral a la Cuarta Transformación entre los jubilados de hoy y del futuro, lo que limitaría las posibilidades de la derecha de retornar al poder por la vía electoral.

Salvo los plutócratas y sus corifeos en los medios de información, ¿quién podría estar en contra de garantizar una pensión digna y suficiente para los trabajadores retirados?

Ahora es el momento de dar el paso desprivatizador. El gobierno de la Presidenta Sheinbaum cuenta con un inmenso respaldo popular y con la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso

Nacionalizar es desarrollar, decían los cardenistas de los años treinta del siglo pasado. Y, como la historia lo demostró, tenían razón.

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