De acuerdo con expedientes judiciales, lo que realmente ocurrió entre ese 2014 y 2018 fue que el valor del combustible robado brincó de 19,000 a 30,000 millones de pesos anuales.
En julio de 2019, hace justo un sexenio, mediaba el primer año del gobierno del expresidente López Obrador cuando el fiscal federal Alejandro Gertz intentó arrestar al general Eduardo León Trauwitz, bajo el cargo de maquinar junto con otros militares a sus órdenes, el robo de más de dos mil millones de litros de gasolina –“huachicol”- durante la administración de Enrique Peña Nieto. El arresto no ocurrió porque el acusado estaba refugiado en el Campo Militar Número 1, presumiblemente bajo la protección del exsecretario de la Defensa Salvador Cienfuegos.
El poder de Trauwitz, nutrido desde 2010 a la sombra de Peña Nieto, entonces gobernador del estado de México, detonó en 2014 cuando el ya presidente mexiquense lo designó al frente de la seguridad en Petróleos Mexicanos (Pemex), al mando de 2,500 militares cedidos por el Ejército y la Marina, además de aeronaves y recursos ilimitados.
La influencia de esa facción criminal no encontró punto de quiebre sino hasta el arresto de Trauwitz en 2021 en Canadá, pero en especial, apenas la semana recién terminada, cuando la justicia mexicana sentenció por los delitos referidos y con penas de entre 12 y 31 años de prisión, a cinco cómplices suyos, también militares, entre ellos otro general, un coronel, dos sargentos y un teniente.
Durante todo ese lapso han surgido reportes públicos y confidenciales sobre nexos entre el grupo de Trauwitz, funcionarios de Pemex, líderes del sindicato petrolero y transportistas de combustibles con los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, teniendo como foco original de operaciones la región Veracruz-Tabasco, coincidentemente significativa en la trayectoria personal y profesional de tres funcionarios clave que mucho nos podrían explicar sobre el auge del huachicol, entre quienes figura José Antonio González Anaya, director de Pemex por 20 meses (2016-2017), bajo Peña Nieto y ya con Trauwitz al mando de la seguridad en la paraestatal.
Es el mismo caso de Rocío Nahle, zacatecana, pero con trayectoria política en Veracruz, donde laboró en plantas de Pemex, para luego ser fugazmente diputada federal y senadora por esa entidad; secretaria de Energía (2018-2023) bajo López Obrador a cargo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, y ahora gobernadora de ese estado. La lista la cierra Octavio Romero Oropeza, tabasqueño ligado a López Obrador desde hace más de 30 años; director de Pemex (2018-2024), y actual director de Infonavit.
Tal fue el escenario encontrado por la presidencia de Claudia Sheinbaum, con Omar García Harfuch al frente de la seguridad federal. Este último colocó a cargo de la vigilancia en Pemex -formalmente el área de Logística- a Israel Benítez López, su segundo en la Secretaría de Seguridad en la Ciudad de México.
García Harfuch, el Ejército y la Marina han impuesto golpes en secuencia contra el tráfico ilegal de combustibles desde la incautación de buque-tanques en marzo pasado provenientes de refinerías en territorio estadounidense, con un decomiso conjunto de cientos de millones de litros de gasolina, lo que contrasta con lo ocurrido en el pasado reciente, si bien la virtual ausencia de aprehensiones despierta suspicacias sobre posibles encubrimientos desde el interior de Pemex y de la política.
Esta hipótesis fue alimentada por las recientes afirmaciones del referido general Trauwitz desde su prisión en Canadá, de haber entregado a Rocío Nahle información delicada sobre huachicol tras la elección de 2018 -lo que ella negó en sus redes-, y haber recibido la petición de cancelar compras de gasolina en Estados Unidos, atrayendo la grave escasez explicada en su momento por el ya presidente López Obrador como una medida para terminar con el huachicol, lo que resultó ser falso.
