Un Gobierno Abierto es aquel que reconoce que se debe a su sociedad, por lo que practica la transparencia, rinde cuentas de sus acciones y garantiza espacios cívicos seguros, con perspectiva de género e inclusión.
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO y Coordinador del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México para el Gobierno Abierto.
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El 13, 14 y 15 de abril se celebró la Tercera Cumbre Nacional de Gobierno Abierto organizada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y el Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México (NOSC). Este espacio cívico sirvió para reflexionar sobre la importancia de contar con instituciones que garanticen el derecho de acceso a la información y cómo ésta es la llave de acceso a otros derechos como el derecho a la salud. Muchas vidas dependen de contar con información oportuna, clara y de calidad.
Ante los tiempos retadores que se viven, los espacios de diálogo entre gobierno y sociedad civil adquieren mayor relevancia. La pandemia global y el contexto nacional reforzaron la necesidad de transitar de un Gobierno Abierto, a un Estado Abierto (con todos los poderes) que tenga presente el valor social de la información pública y la apertura gubernamental.
Las organizaciones del NOSC compartieron su preocupación y postura ante la vulneración del espacio cívico y debate público que atenta contra la libertad de expresión y pone en riesgo la mejora y cocreación de políticas públicas. La falta de voluntad política de algunas instituciones gubernamentales para avanzar en los compromisos de gobierno abierto también fue un señalamiento constante.
El NOSC expresó su total condena ante las diversas amenazas y señalamientos que intentan deslegitimar el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que trabajan para garantizar el derecho de acceso a la información, los derechos humanos y el gobierno abierto en México.
Queda claro que no basta con tener los derechos en la Constitución. Es necesario garantizarlos, ejercitarlos y frecuentemente también defenderlos. El derecho de acceso a la información no es la excepción. La iniciativa de gobierno abierto surgió como una idea sencilla: mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos ante las demandas sociales y problemáticas cada vez más complejas que requieren de la intervención de diversos actores: gobierno, organismos autónomos y la sociedad civil.
No puede haber gobierno abierto sin información pública. Brindar información es empoderar a las personas para exigir sus derechos como el Derecho a la Salud. Precisamente en esto radica el valor social de la información pública: en la incidencia de la información en la vida cotidiana de las personas ¿En qué hospital me puedo atender?, ¿qué vacunas ha comprado el gobierno?, ¿cuál es el plan de vacunación?, ¿cuánto y de dónde se está pagando por las vacunas?, ¿cómo compra el gobierno?
Es indispensable que un Gobierno Abierto sea inclusivo, con voluntad de cooperación y que reconozca el aporte de la sociedad civil. Negarlo equivale a despreciar la voluntad e iniciativa de mujeres y hombres que no se quedan pasivos ante la injusticia, la opacidad, el mal gobierno o la desigualdad. Los ataques al espacio cívico afectan el diálogo y la apertura gubernamental, así como el compromiso con la transparencia y por lo tanto el pleno ejercicio de los derechos.
