Manuel Guadarrama | @ManuGuadarrama*
*Manuel Guadarrama es coordinador de Gobierno y finanzas del IMCO y Coordinador del Núcleo de Organizaciones de Sociedad Civil en México para el Gobierno Abierto. Las opiniones expresadas en esta columna son personales y no reflejan la postura institucional.
En los preparativos del primer Paquete Económico de la actual administración se esperaba romper la inercia con la que se venían gastando los recursos públicos y cobrando los impuestos. A pesar de contar con 5 meses para la transición presidencial, el tiempo no fue suficiente para impulsar una reforma fiscal profunda que se consideraba necesaria desde el sexenio pasado. Desde hace tiempo la cobija no alcanza y los jaloneos presupuestales cada vez son más intensos para conseguir cubrir las promesas de campaña.
Por un lado, se prometió ofrecer la mayor cantidad de programas sociales, apoyos y subsidios. Por el otro, se tomó la decisión de no llevar a cabo una reforma fiscal al inicio del sexenio. A la fecha, el presidente insiste en que no aumentará los impuestos, los precios de los productos básicos y que impulsará la disminución de los energéticos como la luz o las gasolinas. La realidad indica otra cosa: la inflación anual reportada en abril de 2021 fue del 6%.
Para hacer compatibles las promesas del presidente, el gobierno optó por implementar una política de austeridad en la administración pública. Se redujo el gasto administrativo, la contratación de personal, proveedores y servicios generales. También se sacrificó la inversión: tan solo el primer año de la actual administración, se invirtió 6.4 por ciento menos de lo aprobado en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), un ¡19 por ciento! menor respecto a 2018 en términos reales.
Los resultados electorales impactan el escenario legislativo que se tendrá para la discusión y aprobación de la reforma fiscal. Ante una mayor pluralidad política, el trabajo para llegar a acuerdos tendrá que ser más intensivo y posiblemente más acotado. De pensar en nuevos esquemas de tributación, reestructuración de impuestos al ingreso, revisión de las tasas al consumo y productos especiales, cambios en las reglas de coordinación fiscal para estados y municipios e impuestos a grandes riquezas, se corre el riesgo de volver a centrar la atención en los mismos “contribuyentes cautivos”, aumentar la recaudación a través del “terrorismo fiscal” y agotar el cobro a grandes contribuyentes.
A pesar de que los pronósticos de crecimiento y recuperación económica de México han aumentado (el Banco Mundial recientemente mejoró su estimado a 5%), se continúa con una estimación inferior al 6.5% previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. A pesar de estos escenarios alentadores, actualmente se reporta una baja de recursos tributarios. La recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) cayó en abril un 16% en términos reales respecto al mismo mes del año pasado, y eso que dicho mes se vio impactado por la pandemia con más fuerza.
La realidad termina imponiéndose. Existe un nuevo escenario en el que ni el gobierno ni los legisladores sean del grupo parlamentario que sean, querrán asumir el costo de una reforma fiscal profunda, que aumente el padrón de contribuyentes y cobre a quién más tiene. Asimismo, la política de austeridad comienza a cobrar factura, la operación del aparato público comienza a ser intermitente en algunos sectores. Los estados y municipios tampoco son escuchados y las finanzas públicas cada vez están más presionadas. Como siempre, nos queda la duda: ¿quién pagará la reforma
