El 1 de septiembre arrancó un ciclo político singular: la nueva Suprema Corte tomó protesta, inició el periodo ordinario del Congreso y la Presidenta rindió su Primer Informe. Ese cruce define el tono de la próxima década. Si queremos un México mejor, la brújula debe ser la división de poderes y un Poder Judicial con independencia real y resultados.

México estrenó el experimento de elegir por voto popular a ministras, magistrados y jueces. Los cambios redujeron de once a nueve integrantes la Corte, acotaron periodos y crearon un nuevo Tribunal Disciplinario. La narrativa oficial habla de “democratización”. Pero la democracia no es sólo origen; es, sobre todo, límites, profesionalismo y rendición de cuentas.

La legitimidad de cualquier jueza o juez no proviene del aplauso, sino de sentencias bien fundadas, previsibles y apegadas a la Constitución. La independencia judicial no es negociable. Sin ella no hay Estado de Derechos, no hay certeza jurídica, y se encarece la inversión que hoy podría cambiar a México y a nuestras MiPyMEs.

En COPARMEX hemos planteado un rediseño del modelo de elección judicial que garantice independencia y técnica. Proponemos una evaluación nacional independiente con participación ciudadana, académica e internacional; fortalecer la carrera judicial privilegiando el mérito y la formación continua; establecer criterios claros en una plataforma digital pública; prohibir materiales y prácticas indebidas con sanciones severas; mejorar las boletas para un voto informado; implementar observación permanente al desempeño de jueces y magistrados; impulsar campañas de difusión cívica, y crear un Código Electoral Judicial que brinde certidumbre y reglas claras a este proceso inédito.

A los nuevos integrantes del Poder Judicial les toca probar su lealtad a la Constitución. Háganlo con decisiones valientes por escrito y a la vista. Al Ejecutivo le corresponde respetar sentencias y evitar injerencias. Y a la sociedad, incluyendo a Empresarios y Trabajadores, nos toca vigilar y exigir resultados.

Desde el sector empresarial, reiteramos nuestros objetivos de trabajo: seguridad, energía con reglas claras y justicia independiente. Sin esas tres columnas, no habrá relocalización ni empleo formal que eleve salarios; con ellas, México atraerá inversiones y confianza.

Además, después de la renovación judicial, el país enfrenta otro reto decisivo: la inminente reforma electoral. Este proceso no puede convertirse en un mecanismo para debilitar al INE ni para restringir la pluralidad política. Cualquier intento de alterar la representación proporcional o de someter la autonomía del árbitro electoral significaría un retroceso democrático. México necesita reglas estables y confiables que refuercen la certeza y la confianza ciudadana, no más incertidumbre ni concentración de poder.

La reforma ya ocurrió; lo que sigue es convertirla en justicia creíble. Si las resoluciones protegen libertades, castigan la impunidad y dan certeza a quien invierte y trabaja, México gana ya. Si se convierte en un apéndice de otro poder, perderemos todos. La disyuntiva es clara: autonomía con técnica y cuentas claras, o simulación. Nosotros elegimos empujar lo primero. Esa es la ruta de un México mejor: justicia imparcial y ley. #OpiniónCoparmex