La caída en el envío de remesas a México ha encendido alarmas. En julio, Banxico reportó 5,330 millones de dólares, una contracción anual de –4.7%, y en el acumulado enero-julio, los ingresos sumaron 34,889 millones de dólares, una caída de –5.5% frente a 2024.
Se trata de la primera caída consecutiva durante 4 meses en los últimos 12 años, desde junio de 2013. Pero el fenómeno va más allá de la estadística: hay un vacío regulatorio que está distorsionando el registro y, peor aún, abriendo un boquete para el lavado de dinero.
Durante años, el flujo de remesas siguió una ruta clara: un trabajador migrante en Estados Unidos enviaba dólares a México a través de un banco o remesadora, se convertían en pesos y se registraban como “remesas internacionales” en las cuentas oficiales. Eso garantizaba trazabilidad, transparencia y un resguardo mínimo frente al riesgo de operaciones ilícitas.
Recientemente esa cadena se rompió. Varias fintechs y bancos han optado por un atajo: dispersar los envíos directamente a través del SPEI, el sistema de transferencias interbancarias que administra el Banco de México. En la práctica, la operación se registra como “transferencia local”, sin código de remesa internacional. ¿La consecuencia? El dinero entra al país, pero se vuelve invisible para las estadísticas de remesas y para los controles antilavado.
El resultado es doblemente preocupante. Por un lado, se calcula que alrededor de 8% a 10% de las remesas no aparecen en los registros de Banxico. Por otro lado, la falta de controles abre la puerta a flujos de recursos de origen ilícito. Basta una CLABE válida, aunque el beneficiario se llame “Tarzán” o “El Chapo”, para que la transferencia se concrete sin mayor verificación.
La explicación de la proliferación de esta ruta es de negocios. Al usar SPEI, los intermediarios reducen costos y ganan participación en ese lucrativo mercado, como viene ocurriendo desde hace tiempo. Se está sacrificando trazabilidad en las operaciones para engrosar los márgenes del negocio.
Y por si no fuera suficiente, este agujero está ocurriendo justo cuando el gobierno de Donald Trump, a través de FinCEN, endurece la persecución de redes de financiamiento ilícito vinculadas a organizaciones criminales mexicanas. Si Washington confirma que una porción de las remesas está entrando sin control a México, la presión internacional no tardará en escalar.
Algunos defensores de esta práctica dirán que el flujo está garantizado mientras el dinero llegue a las familias. Pero esa mirada cortoplacista ignora que la confianza en el sistema financiero es tan importante como el flujo mismo. Sin trazabilidad, los datos oficiales pierden credibilidad; sin credibilidad, se erosiona la capacidad de México de defenderse de acusaciones de permisividad frente al lavado.
La paradoja allí está: la ruta del dinero que sostiene a millones de hogares mexicanos podría, al mismo tiempo, servir para financiar actividades ilícitas por la falta de controles adecuados en México. Es el costo de un arbitraje regulatorio que algunos ya le llaman “remesas bajo la sombra”.
Banxico y la CNBV tienen frente a sí una tarea urgente: cerrar este boquete regulatorio o permitir que siga creciendo un canal opaco que erosiona tanto la seguridad financiera como la integridad estadística. La caída reciente en las remesas no es solo un dato en rojo. Es la señal de que estamos perdiendo claridad sobre un flujo vital de la economía mexicana.
