Las personas que emigran de su hogar a otro país, o a otra localidad dentro de su mismo país, lo hacen por muchas razones; buscan mejores condiciones de vida, huyen de los efectos del cambio climático, pero también huyen de la violencia que aterra a sus comunidades, familias cuyos integrantes han sufrido o enfrentan riesgos de perder la vida.

Las agresiones que sufren durante su tránsito hacia el lugar a donde se dirigen son consideradas violaciones a los derechos humanos y todo gobierno nacional o estatal lo sabe. Aun entrando a un país en situación irregular se deben considerar procedimientos que no violenten los derechos humanos de las personas migrantes. Hasta en una guerra se reconoce a las personas civiles su derecho a la protección de su integridad y su vida.

Pero qué pasa en los países donde no hay guerra, donde ni siquiera se reconoce que hay una persecución por la opinión política y que obliga a miles o millones de personas a salir de ese país. En América Latina hay países cuya población ha huido o huye por consecuencia del régimen que impera: Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, Colombia, Guatemala, Haití; pocos países son la excepción.

En el informe de 2023 del Consejo Danés para Refugiados particularmente en su monitoreo referido a Colombia, México, Perú y Venezuela señala que la diáspora de Venezuela el 53.7% lo integraron mujeres; en el caso de Perú el 55 % y el de Venezuela el 53.7%. Las niñas y los niños siguen siendo una parte muy importante de la población refugiada inmigrante; particularmente la más elevada proviene de Venezuela. El 78.5% de los migrantes que se encuentran en Colombia son venezolanos; el 90.2% que han viajado a Perú también provienen de este país.

México continúa siendo el país de América Latina donde más se invoca la condición de refugiados; según datos oficiales 130,934 personas solicitaron reconocimiento a la condición de refugiados en el 2023, un récord histórico; aunque no se pretenda realmente quedarse en el país.

La ACNUR ha expresado su preocupación por el creciente número de niñas, adolescentes y mujeres quienes sufren mayor exposición a la violencia por su propia condición en contextos de crimen organizado, desaparición forzada, de trata, y la ausencia de instituciones de gobierno que puedan protegerles.

Los gobiernos del continente deben atender esta realidad y decidir acciones que detengan esta grave situación y, aún respetando la soberanía de cada país, comprometerse conjuntamente en serio para atender las causas internas de la diáspora, hacerse cargo cuando la migración atraviesa sus fronteras, y asumir que lo que se busca en su mayoría es el sueño americano.