Por Jazive Luna Córdova
Internacionalista y estudiante de la Maestría en Asuntos Internacionales, Facultad de Estudios Globales, Universidad Anáhuac México
La inteligencia artificial (IA), el big data y las herramientas de vigilancia digital ya no son temas del futuro, están aquí, impactando nuestra vida cotidiana, la forma en que trabajamos, nos comunicamos e incluso cómo nos gobiernan. Pero mientras estas tecnologías avanzan a pasos agigantados, las reglas que deberían regularlas simplemente no han seguido el ritmo.
El mundo se enfrenta a un vacío legal en el que todo parece posible, y no siempre para bien. Este desajuste entre tecnología y regulación afecta especialmente a países como México, donde gran parte de la infraestructura tecnológica depende de potencias extranjeras. La ausencia de normas claras ha permitido el uso de algoritmos discriminatorios, la recolección masiva de datos y herramientas de espionaje sin supervisión.
Pero ojo, el vacío legal no siempre es sinónimo de caos. También puede ser una oportunidad para diseñar desde cero nuevas reglas, más justas, más éticas y más acordes con las realidades locales. El punto es cómo se responde ante ese vacío. Ignorarlo es dejar que el poder se concentre en unos cuantos actores —corporativos o estatales—. Enfrentarlo con visión crítica, en cambio, abre la posibilidad de construir modelos de gobernanza más participativos y democráticos.
En ese esfuerzo, ya hay algunos avances. La Unión Europea ha propuesto una ley pionera sobre inteligencia artificial, y a nivel global se discuten tratados que buscan establecer principios comunes para un desarrollo tecnológico responsable. Mientras tanto, la competencia entre Estados Unidos, China y Rusia por dominar el mundo digital se intensifica. No es solo una lucha comercial, cada uno impone su propia visión sobre cómo se gobierna el entorno digital.
Y en medio de todo esto está México, que adopta plataformas y servicios sin tener necesariamente voz en cómo se diseñan ni cómo se usan. Esa dependencia nos deja en una posición vulnerable, pero también ante una gran pregunta: ¿cómo queremos participar en esta conversación global? Aquí entra el concepto de soberanía digital. No se trata de aislarse del mundo, sino de tener la capacidad de decidir —como país— cómo se desarrollan y regulan las tecnologías que usamos todos los días.
Para los países del sur global, esto implica invertir en capacidades propias, proteger los datos de su gente y exigir un lugar en las mesas donde se definen las reglas del juego. La reciente Convención de Naciones Unidas sobre Ciberdelincuencia es un primer paso en esa dirección, aunque centrada en los delitos digitales, abrió un debate más amplio sobre vigilancia, cooperación y control de datos. La tecnología va más rápido que las leyes, sí. Pero eso no significa que tengamos que resignarnos a un mundo sin reglas. Este es el momento de imaginar un nuevo contrato digital, uno que no esté dictado por algoritmos invisibles ni por las decisiones de unas pocas potencias, sino construido colectivamente con ética, transparencia y visión del futuro.
