Se ha dicho en este espacio que cuando la contrainteligencia militar falla, el daño a las fuerzas armadas puede ser no solo interno al afectar las operaciones e información sensible, también en lo externo cuando se perjudica la imagen de una de las instituciones –en sus tres armas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea—en las que más confía la sociedad mexicana. La revelación publicada el 30 de junio por la prensa en la Ciudad de México que en la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la Defensa Nacional compró más de 500 millones de pesos en diésel a una empresa vinculada a una red de robo de combustible conocido como “huachicol”, es un hecho que justifica todos los señalamientos que se hicieron sobre las irregularidades detrás de la opacidad en el gasto de la construcción de una de las obras insignes del sexenio de Andrés Manuel López Obrador. El dato extra es que la empresa llamada “Ecocarburante S.A. de C.V.” a la que desde diciembre del 2019 y durante el año 2020 se le compró combustible para los camiones y maquinaria que operaron en la obra, tenía como propietario a Eric Daniel Zamora Delgadillo, empresario involucrado en lavado de dinero quien ha sido socio en otras empresas de un personaje llamado José Isabel Murguía Santiago, hermano de José Ascensión Murguía Santiago, ex alcalde del municipio jalisciense de Teuchitlán, preso desde mayo pasado acusado de complicidad en los crímenes en el llamado “campo de exterminio” del rancho Izaguirre. 

¿El perfil de ambos se pasó por alto en la subsección de contrainteligencia del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional? ¿O simplemente se acató una orden superior para agilizar los procedimientos? Algo que ocurrió en varios proyectos donde López Obrador hizo caso omiso de las advertencias sobre las redes criminales que operaban con prestanombres y bajo empresas fachada. 

La lista de observaciones a la empresa tiene varias fojas donde una de ellas señala que se hizo una búsqueda en entidades como Puebla y Veracruz para saber si era poveedor en la construcción de sucursales del banco de Bienestar. Uno de los documentos que llama la atención es que la empresa obtuvo el título de permiso para la comercialización de petrolíferos el 6 de diciembre de 2018, apenas cinco días después de iniciado el sexenio de López Obrador. La importancia de la revelación periodística es no solo la exhibición de las fallas en la contrainteligencia militar para detectar a quien se le otorgan licitaciones sin investigar a los propietarios y socios de las empresas, sino da la razón al descontento que privó entre altos mandos del Ejército por la forma como la pasada administración manejó el presupuesto para obras como el AIFA.