Lo que debió ser, por simple decencia humana, un ejercicio de transparencia absoluta, terminó convirtiéndose en lo que mejor le sale al poder cuando se ve acorralado: un muro de silencio.
Especialista en temas de Desarrollo y Planeación
@gabysalido
El pasado 28 de diciembre, en la comunidad de Nizanda, Oaxaca, el sueño del progreso se estrelló contra la realidad. Un tren de la Línea Z, parte fundamental del proyecto interoceánico, se descarriló dejando un saldo desgarrador: 14 personas fallecidas y cerca de cien heridos.
Hace unos días se confirmó la noticia que termina de hundir la confianza: el Tren Interoceánico —esa obra que nos vendieron como el emblema de la cuarta transformación— decidió reservar por cinco años toda la información técnica sobre la tragedia. Contratos, bitácoras, peritajes y hasta las comunicaciones del centro de mando quedaron bajo llave. No podremos saber qué falló realmente sino hasta el año 2031. Cinco años de oscuridad.
Para justificar este silencio, el gobierno se apoya en conceptos legaloides que suenan a blindaje. Dicen que es por “seguridad nacional” y para no entorpecer la investigación de la Fiscalía. En el papel, los argumentos parecen técnicos; en la calle, suenan a una falta de respeto total para las familias que todavía están de luto. Nos están pidiendo que esperemos un lustro para entender por qué murieron 14 personas en una obra que, según el discurso oficial, era de clase mundial.
Aquí es donde la contradicción se vuelve insoportable. Hemos escuchado hasta el cansancio que este es el gobierno más transparente de la historia y que “el pueblo lo sabe todo”. Pero cuando la realidad se vuelve incómoda, el reflejo es el mismo de siempre: cerrar expedientes, clasificar documentos y administrar el tiempo para que el olvido haga su trabajo.
Reservar información no es un trámite burocrático; es una decisión política con víctimas reales, que podríamos ser cualquiera. Significa que, por cinco años, no habrá forma de auditar si hubo negligencia, si los materiales eran los adecuados o si las prisas electorales obligaron a ignorar protocolos de seguridad. Significa, en pocas palabras, que la sociedad debe conformarse con la versión oficial, sin derecho a preguntar.
En México ya conocemos este camino y sabemos hacia dónde nos lleva. La opacidad suele ser la sala de espera de la impunidad. Cuando una obra estratégica se protege escondiendo datos, lo que se está cuidando no es la seguridad del país, sino la comodidad de los funcionarios que no quieren rendir cuentas.
Las familias de esta tragedia no necesitan comunicados fríos ni explicaciones sobre el “debido proceso”. Necesitan la verdad. Los heridos necesitan justicia. Y la justicia, para ser real, necesita luz pública, no archivos reservados. Un gobierno que confía en sus obras y en sus decisiones no debería tenerle miedo a las bitácoras.
Apostar al olvido para el 2031 es subestimar a un país que ya no se traga las cortinas de humo. Porque cuando se guardan las pruebas bajo llave, lo que termina por descarrilarse no es solo un tren, sino la poca fe que queda en las instituciones de este Gobierno.
