No nos extraña enterarnos que un miembro de la oposición en México sea un traidor a la patria. Ha sido el distintivo de nuestros adversarios políticos en los últimos siete años y medio. Ejemplos hay muchos, pero, en esta entrega he de referirme a la conducta de mentiras y contradicciones en la que ha caído el Gobierno de Chihuahua que encabeza Maru Campos, quien debería ir a juicio político antes que deje el cargo en 2027, por eso, el Senado de la República, aprobó citar a la gobernadora para que explique su conducta ante la presencia de dos agentes de los EU en operaciones contra el narcotráfico.

El fiscal general de Justicia en el estado de Chihuahua, César Augusto Jáuregui Moreno, también tendrá que comparecer ante el Senado, porque incurrió en violaciones flagrantes a la Ley. Es evidente que el fiscal lo hizo con el permiso de la gobernadora. Estamos hablando de dos servidores públicos que violaron la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional. Esta afrenta no puede quedarse así, porque sentaría un mal precedente.

La errónea conducta de violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de Seguridad Nacional al intentar engañar de que miembros de la CIA estaban colaborando en México, sin informar a la Secretaría de la Defensa Nacional no puede pasarse por alto. Desde luego fue lamentable su muerte bajo las extrañas circunstancias en que se dio. Recapitulando, la participación en actividades de agentes de los EU en México no es un asunto menor, así lo ha consignado ya la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Peor aún, la idea de la gobernadora Campos de recomponer su falla, lo único que ha provocado es hacer más grande su falla de engañar al pueblo de Chihuahua y a México entero. El silencio que ha guardado la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) es porque saben que hubo una violación flagrante a la soberanía nacional que hoy quieren interpretarla a su modo, pero, que no hay discusión de que gobernadora violó la Constitución. Como ya consignamos, el fiscal Jáuregui Moreno también habrá incurrido en una violación.

Sólo como referente, cuántas veces la oposición, entre ella, el PAN ha acudido a Washington para hablar mal de México, cuántas veces han solicitado la intervención de los Estados Unidos bajo una sarta de mentiras. La gobernadora Maru no entiende que no entiende, que la soberanía nacional no se interpreta se defiende y punto. Por esta conducta en el caso de los agentes del vecino país en México, donde no informaron a la Secretaría de la Defensa Nacional, sostenemos el argumento de que Maru Campos y César Augusto violaron la Constitución y Ley de Seguridad Nacional, por ello, el Congreso del Estado de Chihuahua debería llevarla a juicio político.

En medio de esta somera discusión se vuelve indispensable, hablar del Estado de derecho que es otra cosa que cumplir con la ley en las diversas responsabilidades que se tengan, no para unas cosas sí y para otras no. Bajo esta simple explicación, el Gobierno de México ya envió un “extrañamiento” al embajador Ronald Jonhson en México para que el gobierno de los Estados Unidos dé una explicación diplomática sobre la presencia de agentes en Chihuahua, en donde lamentablemente dos agentes murieron. Esta historia ha estado plagada de mentiras y graves contradicciones de la gobernadora y el fiscal.

En resumidas cuentas, la conducta de la gobernadora de Chihuahua y del fiscal del estado deben ser analizados con seriedad, porque estamos ante un hecho de traición a la patria. Respetando su derecho de audiencia esperemos qué explicación le dan a la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch y a la presidenta Sheinbaum Pardo. Hay elementos para llevar a juicio político a la gobernadora de Chihuahua.