El 31 de agosto, el mundo conmemora el Día Internacional de las Personas Afrodescendientes. Momento para reflexionar y reconocer su historia, su memoria y riqueza cultural, y también para no olvidar las atrocidades de la esclavitud y reivindicar la lucha constante contra el racismo y la discriminación.

Más de 3.1 millones de personas en México se reconocen como afromexicanas o afrodescendientes —alrededor de 2.4 por ciento de la población nacional—. Si bien el porcentaje es pequeño en proporción a los 130 millones de habitantes, el país alberga una de las mayores poblaciones afrodescendientes en América Latina, junto con Brasil, Venezuela, Cuba, Ecuador, Haití y Colombia.

Según las recientes cifras del Inegi, 32 por ciento de la población afrodescendiente vive en situación de pobreza, por encima del promedio nacional (29.6 por ciento), y según la última Encuesta Nacional sobre Discriminación, más de un tercio de las personas afrodescendientes han enfrentado actos de discriminación.

En los últimos años se han dado pasos muy importantes en la garantía de sus derechos. Desde su reconocimiento constitucional en 2019, y la reciente reforma al artículo 2° constitucional que reconoce expresamente a los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, poniendo énfasis en las mujeres.

Pero desde hace varios años la verdadera transformación viene de las propias comunidades afros en diferentes regiones del país. Desde el arte, la música, la educación, el activismo social, o la resistencia. Están construyendo narrativas propias, reivindicando su identidad y exigiendo políticas públicas que respondan a sus realidades.

Desde UNESCO y UNFPA, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), venimos trabajando con las juventudes afromexicanas de Oaxaca y Guerrero, promoviendo sus liderazgos, estimulando sus emprendimientos, apoyando sus procesos de memoria, y su patrimonio cultural.

México tiene la oportunidad de construir una agenda federal específica para la población afrodescendiente, diseñada en conjunto con sus comunidades y basada en sus realidades y necesidades. Esta agenda debe impulsar su desarrollo social y económico, fortalecer la educación intercultural, garantizar el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, apoyar sus procesos de memoria histórica, y combatir todas las formas de racismo y discriminación.