Las violaciones a los derechos civiles y políticos se reflejan en la falta de seguridad que estamos viviendo. Cada día, de una manera creciente vemos que la violencia permea nuestro país. Candidatos a algún puesto de representación política han sido asesinados, los periodistas están continuamente amenazados y se les impide ejercer la libertad de expresión. Los ciudadanos “comunes y corrientes” somos sujetos a la coerción que ejercen los grupos delictivos. Prácticamente todos los mexicanos enfrentamos actos violentos de distinta índole. El primer deber del Estado, según la teoría política, es la garantía de la paz y de la seguridad de aquellos que habitan en su territorio. Un movimiento político ayuda, sin duda, a la ciudadanía ofreciéndoles a las personas vías de acceso a los distintos organismos para que, cuando exista una violación de los derechos, puedan reclamarlos y los distintos poderes tengan la obligación de repararla.

A pesar de los programas sociales, existen niños que no tienen recursos para obtener una educación adecuada. Esto se debe a dos clases de factores: subjetivos y objetivos. Mientras que los primeros se refieren a problemas que traen los niños que acuden a las escuelas como la desnutrición, por poner un ejemplo, los objetivos se deben a la carencia de escuelas, materiales educativos, y nula motivación para seguir estudiando.

Lo mismo sucede con la salud. La mayoría de las personas que están en un estado de pobreza extrema, tienen poco acceso a los servicios de protección de la salud. Por esta razón, con frecuencia el dinero que obtienen de los programas sociales les sirve para hacer “gastos de bolsillo” para comprar medicamentos, pagar consultas con los médicos y, en el peor de los casos, gastar en la atención hospitalaria.

El derecho al trabajo, en ciertos ámbitos no está regulado de una manera adecuada. Por ejemplo: el trabajo en el hogar. Existe un vacío respecto a su regulación. Se necesita un esfuerzo adicional para que los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, exijan garantías para hacer válido esa clase de trabajo que, en algunos casos pone a los que se dedican a estos quehaceres, en un estado de servidumbre.