El pasado miércoles 16, en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se publicaron 11 ordenamientos jurídicos, entre ellos los que se refieren a delitos tan sensibles como la desaparición forzada y la extorsión.
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También destaca la nueva Ley de la Guardia Nacional, así como la Ley en materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. No es exagerado señalar que se trata de un ajuste de fondo en las dimensiones de las políticas de Seguridad. Con ese conjunto de leyes, se marca un claro contraste respecto del anterior sexenio.
Tan sólo al día siguiente, esto es el 17 de este mes, la Presidenta de la República, Claudia Scheinbaum Pardo, anunció ante la asistencia de los integrantes del gabinete de Seguridad federal, la creación de un mando único de policía para once municipios del Estado de México, entre ellos Ecatepec, Valle de Chalco, Chalco, Chimalhuacán, entre otros, con el objetivo por supuesto, de abatir los índices de criminalidad. Así, mientras se rediseña la arquitectura jurídica a nivel federal, en un importante Estado de la República, a partir de la estructura y administración municipal, se instrumentan medidas orientadas a favorecer la coordinación entre los tres ámbitos de gobierno.
En la ruta trazada en la Estrategia de Seguridad Pública, aprobada en el mes de febrero por el Senado de la República, se pueden leer elementos sustantivos que sin llegar a ser una ruptura respecto de la anterior administración, sí es una reorientación, en donde las Fuerzas Armadas, en lo general llevan la principal responsabilidad en cuanto a la contención del crimen organizado. La prueba fehaciente es en efecto, el nuevo marco jurídico de la Guardia Nacional, ya como parte formal del Estado Mayor Conjunto de la Defensa Nacional, junto con el Ejército Mexicano y la Fuerza Aérea Mexicana.
En ese sentido, la preponderancia de la formación militar orientada a la Seguridad Pública, se ve reforzada por lo que ya es la tercera generación de egresados del Heroico Colegio Militar, como Licenciados en Seguridad Pública. Su incorporación a la Guardia Nacional, será un paso fundamental, como sucedió con anteriores generaciones, para ir acoplando y desarrollando a la todavía nueva institución de Seguridad. Por eso es importante analizar de manera detallada los ordenamientos jurídicos recientemente aprobados. Destaca por otra parte, la ampliación de las capacidades para la prevención del delito, a partir de la publicación de la Ley Nacional de Investigación e Inteligencia; con esto se da un paso muy relevante para darle sentido y funcionamiento al Sistema Nacional de Inteligencia.
También la publicación de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en donde se contemplan acciones directas de coordinación y responsabilidades de los municipios y los gobiernos estatales, para proporcionar en tiempo y forma, los datos requeridos por las autoridades federales. Considerando que cada entidad cuenta con una Secretaría de Seguridad y una Fiscalía, el carácter obligatorio para articular las medidas necesarias para la prevención y sanción de los delitos, también es una marca distintiva y de fondo, respecto a la política en materia de Seguridad Pública, respecto de anteriores sexenios. Se trata de un paso sustancial en lo que se denomina como la coordinación absoluta. Esperamos buenos resultados, ante tan importantes esfuerzos para recuperar la tranquilidad en varias partes del país.
