Periodismo bajo ataque

por Alejandra Nurko Benbassat

En México, ejercer el periodismo se ha convertido en una labor de alto riesgo. Según Reporteros Sin Fronteras (2025), desde el año 2000, más de 150 periodistas han sido asesinados y 30 han desaparecido.

Tan solo entre enero y julio de 2025, se registraron 9 asesinatos, casi dos por mes (Maldonado, 2025). Estas cifras reflejan que la violencia contra la prensa no es un fenómeno aislado, sino un patrón sostenido que se ha agudizado con el tiempo.

La impunidad alimenta esta crisis. Aunque existen mecanismos oficiales de protección, sus fallas estructurales y la falta de respuesta oportuna de las autoridades los vuelven insuficientes, haciendo que para muchos comunicadores la amenaza sea permanente y la protección, una excepción.

Cabe destacar que el proceso electoral 2023-2024 fue el más violento para la prensa en la historia del país. De acuerdo con la Alianza de Medios (2024), en este periodo se registraron más de 100 agresiones contra periodistas. Los casos incluyeron amenazas, ataques y asesinatos contra profesionales que cubrían campañas, investigaban denuncias de corrupción o documentaban vínculos con el crimen organizado.

Este tipo de violencia impacta con mayor fuerza a la prensa regional, los medios locales, los periodistas independientes y las plataformas comunitarias, sobre todo cuando abordan temas como crimen organizado, corrupción o desapariciones (Gastelum Felix, 2024). En este contexto, México es el país más peligroso de América Latina para ejercer el periodismo (Reporteros Sin Fronteras, 2025), una realidad que refleja el alto nivel de riesgo y vulnerabilidad que enfrentan quienes desempeñan esta profesión.

La violencia contra periodistas debilita la paz positiva al obstaculizar el libre flujo de información, impedir una toma de decisiones informada y erosionar la confianza en las instituciones. Sin un periodismo libre y seguro, se limita la capacidad de la sociedad para exigir rendición de cuentas y se socavan los cimientos de la democracia. Esto debilita el debate informado, fomenta la impunidad y profundiza la fragmentación social.

La seguridad de los periodistas es inseparable de la paz y la democracia. Sin condiciones que permitan informar sin miedo, el periodismo no puede cumplir su función. El Estado debe garantizar su integridad y poner fin a la impunidad que perpetúa las agresiones, porque, finalmente, la protección de su labor es la protección de la voz de todos los mexicanos.

@cipmexac

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