En unas cuantas semanas comenzará el proceso legislativo que habrá de culminar en la reforma del Poder Judicial, es decir, en el desmantelamiento del último baluarte en pie de la longeva dictadura priista, devenida en las últimas décadas en dictadura prianista.

Durante muchos decenios el Poder Judicial estuvo sometido al Poder Ejecutivo y, más concretamente, al presidente de la república. Era un vasallo encargado de dar cobertura y apariencia jurídicas a las decisiones políticas de la cúpula del poder.

Se trata de una lucha entre conservadores y transformadores. Entre los conservadores, atrincherados en el Poder Judicial, y los transformadores, respaldados por más de 36 millones de sufragios.

La correlación de fuerzas se inclina en favor de la transformación. Pero hace falta concretarla. Y esto depende de la indispensable reforma del Poder Judicial. Transmutarlo de un poder al servicio de la oligarquía en un poder al servicio del pueblo.

Y no parece que haya alternativa. Más de la misma corrupción, servilismo, elitismo, racismo y clasismo o un cambio con sentido popular y democrático. Cosa de semanas. Pero el cambio en el Poder Judicial está ya a la vista. Y ya es irreversible.

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