Especialista en migración y relaciones EU–México
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Hace unos días, durante un encuentro en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se me acercó un joven estudiante que había viajado con su clase para escuchar conferencias. “Doctor Juan —me dijo—, mi papá lleva tres meses sin poder mandar lo que enviaba antes”.
Estudiaba en una universidad pública y, aunque hablaba con serenidad, la preocupación se le notaba en los ojos. Me contó que su padre trabaja en California y que recientemente le han reducido horas por temor a posibles redadas y por cambios en las contrataciones temporales.
“Antes mandaba unos 350 dólares al mes —me explicó—. Con eso mi mamá pagaba la renta y yo compraba mis libros. Pero ahora apenas si alcanza para él allá.” Guardó silencio un momento y luego añadió: “Si esto sigue así, quizá tenga que dejar la escuela un semestre. Mi familia está pensando qué hacer.”
La historia de este joven —como la de más de un millón de personas que hoy están en riesgo de caer en la pobreza por la caída en remesas— es el rostro humano de una tendencia inquietante: México no vivía un periodo tan prolongado de disminución en remesas desde los años posteriores a la crisis financiera de 2008–2009, cuando la pérdida masiva de empleos golpeó el envío de dinero a nuestro país.
Los datos más recientes de Banxico muestran que en octubre llegaron cinco mil 640 millones de dólares en remesas, una caída anual de 1.7 por ciento. Fue el séptimo mes consecutivo con retrocesos. Y si se observa enero-octubre, el panorama se agrava: una baja acumulada de 5.1 por ciento respecto al año pasado. Aunque el flujo total disminuye, el monto promedio por envío —396 a 403 dólares— ha aumentado ligeramente. Esto revela que los migrantes siguen haciendo esfuerzos extraordinarios: envían menos veces, pero en montos mayores, quizá intentando compensar semanas sin horas de trabajo o periodos de incertidumbre legal.
Más de 1.1 millones de personas dependen de las remesas para no caer en la pobreza. Aunque más de cuatro millones de hogares —cerca de 12 millones de personas— reciben remesas en México, es este grupo el que enfrenta el riesgo más inmediato ante la caída. Ese es el dato frío detrás de la tendencia que estamos viviendo. Por eso la caída reciente no es solo un ajuste económico: es una amenaza directa a quienes menos tienen y a las comunidades que históricamente han sostenido a México desde el extranjero.
Los estados históricamente más dependientes —Chiapas, Guerrero, Michoacán, Zacatecas y Oaxaca— ya resienten la caída. Y Guanajuato se suma a la lista, no solo por el volumen de migrantes que aporta cada año, sino porque miles de familias dependen de ese ingreso para sostenerse.
Durante mis años asesorando a CUNA (Credit Union National Association) aprendí algo que siempre me marcó: los migrantes mexicanos son de los grupos con mayor constancia de ahorro, aun enviando remesas con una puntualidad admirable. Esa doble responsabilidad —ahorrar allá y sostener acá— los convierte en un pilar económico silencioso. Cuando su estabilidad laboral se tambalea, el impacto se multiplica a ambos lados de la frontera.
México debe actuar con visión y seriedad. Las remesas pueden caer, y su disminución afecta a comunidades enteras. Un primer paso sería recuperar y modernizar un modelo de coinversión como el programa 3x1. Durante el gobierno del presidente Vicente Fox, este mecanismo multiplicó cada dólar enviado por los migrantes y lo convirtió en obras sociales y productivas: caminos, clínicas, sistemas de agua, centros comunitarios y proyectos económicos locales.
La cancelación de este programa bajo el gobierno de López Obrador rompió un puente virtuoso entre la diáspora y sus municipios, y hasta ahora la administración de Claudia Sheinbaum no ha retomado un esquema similar. Hoy, en un contexto de caída de remesas, reactivar y actualizar este modelo sería esencial para transformar cada envío en motor de desarrollo, no solo en ingreso de supervivencia.
El segundo paso corresponde a Estados Unidos. Una iniciativa en discusión, conocida como la Dignity Bill, busca ofrecer un camino de regularización para quienes ya aportan a la economía estadounidense, dar certidumbre laboral a trabajadores esenciales y reducir la vulnerabilidad de quienes sostienen industrias completas.
No replica legalmente las propuestas bipartidistas de McCain y Kennedy, pero sí retoma su espíritu: reconocer que la economía estadounidense necesita estabilidad laboral y que la dignidad humana debe estar al centro de cualquier reforma migratoria moderna. No se trata de aumentar las remesas, sino de dignificar a quienes las generan. Un trabajador con estabilidad legal puede planear, ahorrar, invertir y enviar recursos de manera más segura y constante. Y eso beneficia a ambos países.
La caída de las remesas no es solo una estadística: es la historia de ese estudiante en la FIL, de su padre que trabaja con miedo en California y de más de un millón de personas cuya estabilidad depende de un envío cada vez más incierto.
Si México y Estados Unidos actúan con visión —uno recuperando programas que multiplican recursos, y el otro ofreciendo estabilidad laboral y humana— este momento puede transformarse en una oportunidad histórica. Porque al final, detrás de cada dólar enviado, hay una persona que lucha, una familia que resiste y un país que no puede permitirse ignorar esa realidad.
