Como ha señalado el ex Secretario Ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina, si esto procede, la coalición Sigamos Haciendo Historia tendría hasta 375 diputados: cada voto que obtuvo valdría 1.4, contra sólo 0.5%, para 125 diputados, de la oposición.
Que no nos pase que valoremos lo que tenemos hasta que lo perdamos.
Tomó dos décadas consolidar las bases del marco institucional de la democracia que tenemos desde mediados de los años 90. Con sus problemas y defectos, pero también el avance para un país que dejó una democracia simulada para vivir por primera vez en una real. Preocupante y triste el escenario de que ésta sea tirada por la borda, en fast track, y por sus últimos beneficiarios en el Gobierno
Que se dé la espalda al logro de una nación que nunca había tenido alternancias de gobierno constitucionales y pacíficas, como resaltó en 2022 José Woldenberg en la Marcha por la Democracia, producto de “movilizaciones, luchas, denuncias, acuerdos —muchos acuerdos— y sobre todo conformar normas e instituciones electorales capaces de ofrecer garantías de imparcialidad y equidad a la diversidad de fuerzas políticas”.
Peor aún: mediante un fraude o interpretación abusiva –como se le quiera llamar– a lo establecido en la Constitución y a los principios de la legislación política y electoral que hicieron posible esa “germinal democracia”. Con maniobras de simulación para imponer una mayoría calificada espuria, y a ésta como vehículo para demoler por vía rápida ese andamiaje democrático resultado de ocho reformas de consenso entre 1977 y 2014.
Innegable la contundente victoria de Morena en las elecciones, pero se pretende que se haga de casi el 75% de los 500 curules en la Cámara de Diputados habiendo obtenido, sumando a sus partidos aliados o satélites, Verde y PT, menos de 55% de los votos para diputaciones. La oposición, en su conjunto, se quedaría con 25% cuando obtuvo más de 42% de los sufragios.
Cuando la Constitución dice expresamente en la fracción 4ª del Artículo 54: “Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos principios”, es decir, de entre los 300 de mayoría relativa y los 200 de representación proporcional o plurinominales. Aquí hay una sobrerrepresentación de 20 puntos porcentuales, cuando 8% es el tope legal.
Se aduce que el artículo 54 habla de partidos y no de coaliciones, exigiendo una interpretación al pie de la letra, pero éste también estipula que “un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos distritos uninominales”. Exigiendo literalidad, sólo MC, el único que cumplió con el requisito sin coaligarse, podría tener plurinominales.
Es así como se busca burlar el límite de representación por ambas fórmulas de 300 curules: con convenios donde el partido dominante transfiere anticipadamente victorias a sus satélites para tener margen a fin de hacerse de más plurinominales con interpretaciones sesgadas de la ley.
Así es como el Partido Verde, habiendo quedado en quinto lugar en votos, se convertiría en el segundo con más curules en la Cámara de Diputados. Por convenios, Morena le “regala” anticipadamente como 57 diputados de voto directo a este partido, adicionales a los seis que éste sí ganó en las urnas, y como 38 al PT, que no ganó por sí solo ninguno. Por eso hay casos donde Morena obtuvo alrededor de 60% de los votos, pero sus aliados, con menos de 10%, “ganaron”.
Esa es la génesis de una mayoría calificada artificial para que una sola expresión política haga lo que quiera en el país, sin necesidad de acuerdos con fuerzas políticas que tuvieron el respaldo de dos quintas partes de los electores. Y si pasa el “Plan C” de reformas constitucionales, para la regresión a un sistema político sin división de poderes. Sin instituciones electorales que puedan garantizar su autonomía y sin diputados plurinominales que corrijan la sobrerrepresentación natural a todo sistema de mayoría relativa pura.
Por donde inició la transición a la democracia, con la creación de la figura de representación proporcional para dar cabida a la pluralidad, llegaría su ocaso. Por lo pronto, si se da esa mayoría calificada adulterada, las minorías o la oposición no podrán interponer ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad, que exigen una representación de al menos 33 por ciento.
La contravención a los principios constitucionales de pluralidad y representatividad es patente, como ha explicado Jorge Alcocer Villanueva, fundador de la revista Voz y Voto: ese límite de 300 por ambas fórmulas de representación, el 60% de la Cámara, es resultado de un acuerdo democrático de 1996. El principio: que ninguna fuerza política modifique por sí misma la Constitución sin consensos u acuerdos con las minorías, que deberían tener el 40% garantizado.
Como ha expuesto el especialista: si Morena tiene con aliados 256 diputados de mayoría relativa, lo que el INE debe hacer es completar hasta que su coalición llegue al máximo de 300, con 44 de los 200 plurinominales. El resto debe ser para los otros partidos: PAN, PRI y MC. Así, ninguno estará sobrerrepresentado en más de 8% y ninguno subrepresentado en más de eso. Esa es la aplicación apegada al principio de que cada voto ciudadano vale igual.
Oportuna esta cita de don Jesús Reyes Heroles, de 1977, sobre las reformas que impulsó y dieron paso a los plurinominales en 1979: “La sociedad mexicana debe estar cada vez más en sus instituciones, sobre la base de que ella no es sólo mayoría, sino también minorías; que éstas forman parte de nuestro sistema democrático constitucional y que la auténtica unidad democrática se sustenta, vive, por así decirlo, de la pluralidad; pluralidad de ideas, intereses y propósitos, ensamblada, autolimitada y armonizada por la democracia y el respeto al orden jurídico”.
