La nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley) trastocó el status quo del sector telecomunicaciones en México. Su implementación conllevará una transformación que plantea desafíos significativos en el corto plazo para el nuevo regulador que está por integrarse próximamente: la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).

El entorno que afrontará la CRT es complejo. Entre sus primeras tareas destacan el conducir una transición institucional ordenada, implementar los nuevos mandatos legales, y diseñar una subasta de espectro para servicios móviles. Todo ello en un contexto de precios de espectro radioeléctrico todavía elevados y rumores sobre posibles salidas de operadores del mercado mexicano. A esto se suma la incertidumbre que conlleva la inminente renegociación del T-MEC.

1. Plataformas digitales. Aunque se eliminó el polémico artículo que facultaba el bloqueo de plataformas digitales, la Ley introduce por primera vez una definición formal de estas plataformas. Esto con el efecto de prohibir la transmisión de publicidad de gobiernos extranjeros, salvo cuando la publicidad tenga fines culturales, turísticos o deportivos. 

2. Traslado de obligaciones asimétricas a toda la industria móvil. La Ley incorpora obligaciones que anteriormente aplicaban exclusivamente al agente económico preponderante en telecomunicaciones, extendiéndose ahora a toda la industria móvil. Entre ellas destacan la obligación de desbloquear equipos en prepago y pospago, así como la prohibición de acuerdos de exclusividad sobre equipos terminales móviles y canales de distribución. Sin embargo, la Ley no realiza un análisis sobre la idoneidad de estas medidas y su posible impacto en los mercados. 

3. Registro obligatorio de usuarios móviles. Una de las disposiciones más controvertidas es la nueva obligación para los usuarios de presentar su identificación oficial para acceder a servicios de telecomunicaciones móviles. Aunque los detalles específicos dependerán de los Lineamientos que emita la CRT, las alertas sobre potenciales afectaciones a la privacidad y la protección de datos personales son evidentes. 

Esta medida guarda similitudes con el anterior Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la acción de inconstitucionalidad 82/2021. Además, podría tener un efecto adverso en la inclusión digital, al desincentivar el acceso a servicios móviles por parte de sectores vulnerables.

4. Desafíos institucionales para la CRT. Más allá del reto de consolidarse como nueva autoridad, la CRT deberá enfrentar importantes limitaciones. A diferencia del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la CRT no contará con facultades en materia de competencia económica, lo que le resta herramientas clave para regular el mercado de manera integral.

Un punto crítico será la designación de las nuevas personas comisionadas y la estructura orgánica que adopte la CRT. De estas decisiones dependerá en gran medida la continuidad —o ruptura— con los criterios, estándares y obligaciones que el IFT ha construido por más de una década.