A lo largo de la historia se han desarrollado diversos instrumentos con el propósito de que los ciudadanos puedan defenderse ante alguna injusticia o abuso de poder, y siempre cuenten con la protección de sus derechos.
México necesita menos incertidumbre y más diálogo y cautela.
Vicepresidente del CCE
En una democracia constitucional es indispensable que, desde la norma, se establezcan las condiciones para que los ciudadanos ejerzan sus derechos y libertades, y que, en la práctica, los representantes y las instituciones garanticen dichas condiciones.
Uno de los instrumentos creados en México con esta finalidad fue el juicio de amparo, el cual surgió para ser activado por los ciudadanos en caso de padecer abuso de poder por parte de alguna autoridad, como en el caso de una reforma o acto que afecte los intereses de la ciudadanía.
Desde su implementación, que data del siglo XIX, se han presentado diversos desafíos que se han atendido mediante reformas y ajustes a la norma. Sin embargo, aún quedan pendientes para evitar que este instrumento se utilice, en lugar de defenderse de un abuso, para evadir la ley.
Ante esta situación, y bajo el argumento de actualizar este ordenamiento en materia de justicia constitucional, fiscal y administrativa para evitar el abuso de la figura del amparo, el Senado de la República acaba de aprobar una reforma a la Ley de Amparo con algunos cambios comprensibles, sobre todo en materia fiscal, y otros cuestionables, como la modificación de las medidas para la suspensión del acto reclamado y la restricción del interés legítimo, lo cual impacta directamente a las empresas y a la sociedad que resulte afectada por un acto de autoridad o por decisiones que incidan en comunidades enteras.
Lo más riesgoso de todo fue la inclusión, de último momento, de un transitorio que permite la retroactividad de esta reforma, lo cual es, a todas luces, inconstitucional y afecta los derechos de las personas que ya estén llevando un caso.
A pesar de que se generaron espacios de diálogo —lo cual siempre es de reconocerse—, algunos de los cambios parecen afectar directamente los derechos de los ciudadanos y complicar la certeza para la inversión. Por ello, es indispensable que, ahora que el dictamen ha pasado a la Cámara de Diputados, se abra el diálogo y el debate para realizar las modificaciones necesarias que sí permitan controlar los abusos de dicha figura, pero protegiendo siempre los derechos y libertades de los ciudadanos, que son prioritarios para cualquier país que se considere democrático.
Además, en un entorno de cambios institucionales enfocados principalmente en el Poder Judicial, esta reforma a la Ley de Amparo implica nuevos escenarios que comprometen la actuación de un Poder que, durante décadas, ha sido contrapeso para el acceso a la justicia y que nuevamente se enfrentaría a nuevas reglas, procesos y poca certidumbre sobre su papel en el régimen político nacional.
Desde el sector privado hacemos un llamado a las y los diputados para abrir el diálogo con especialistas de los distintos sectores y contemplar las mejores formas de ajustar la norma sin implicar retrocesos en los derechos, considerando un análisis profundo antes de tomar otra decisión que altere la dinámica institucional y social del país.
