La indignación de feministas y anexos porque el señor Mireles se atrevió a llamar, coloquialmente, “nalguitas” a las mujeres que buscan ser colocadas en el trabajo por sus relaciones muy personales, se convierte en silencio cómplice frente a las elegantes, dignas esposas de gobernadores que en los hechos son unas ladronas.

En Tabasco se anunció una auditoria a Martha Lilia López Aguilera, esposa del entonces gobernador Arturo Núñez, que abarca únicamente el último año del presupuesto del DIF cuando debiera abarcar los seis años en que hizo y deshizo a sus anchas, desde los nombramientos importantes, hasta palomear compras, pasando por la exigencia de que le llamasen “señora gobernadora”.

Bajo el membrete de “labor social” las sufridas esposas de gobernadores, que en la intimidad sufren todo tipo de agravios y humillaciones, son presidentas honorarias de una institución que recibe un presupuesto oficial. A veces se conforman con utilizar este presupuesto. Otras no.

Una simple mirada a la cuenta de Tuiter de la esposa del gobernador de Oaxaca, la señora Murat, demuestra que en todo momento se asume como parte de ese gobierno, sin tener puesto ni responsabilidad legal. La misma señora Murat que compró departamentos en Nueva York y Miami sin recibir ningún ingreso ni pagar impuestos en nuestro país.

¿En calidad de qué, si no es funcionaria pública, si no tiene nombramiento, si no recibe un sueldo, debe o puede “atender” a los ciudadanos? Lo peor, es la comodidad en que estas mujeres se instalan en el servicio público sin ningún freno, sin ninguna legislación que las limite porque su puesto es “honorario”.

Si existe voluntad de destapar la cloaca en Tabasco, la auditoria a la “señora gobernadora” puede ser un primer paso. Lo importante sería una iniciativa de Ley que ponga freno a la impunidad de las “primeras damas”. Que diga claramente cuál es su papel legal, si puede o no utilizar vehículos oficiales, si puede o no actuar como funcionaria, si puede o no manejar el presupuesto del DIF sin dar cuentas.