Salvo quizá lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado que otorga a los sindicatos (algo que ningún empresario privado concede a los suyos) determinar quiénes ocuparán el 50% de los puestos de trabajo.
amartinezv@derecho.unam.mx /@AlejoMVendrell
Una de las decisiones legislativas de mayor trascendencia lo constituye la reciente derogación de la Reforma Educativa acordada por los principales partidos del país durante el sexenio pasado, en donde se pronunciaron a su favor incluso varios legisladores que hoy votaron por abrogarla. Se trató de un cambio de suma importancia porque iba en contra de la larga tradición de connivencia de los gobiernos del PRI con aliados y poderosos sindicatos del ámbito gubernamental.
Se pretendía alcanzar un objetivo de enorme importancia: rectificar la demasiado arraigada y deplorable tradición de que el Estado fuera delegando en las cada vez más intrusivas cúpulas sindicales las atribuciones que le correspondían de asumir la responsabilidad de dirigir la política educativa. Entre otros aspectos relevantes, el Estado había perdido el control sobre la formación de los maestros en las normales, la selección y contratación misma del profesorado, la determinación de las promociones, ubicaciones, ascensos o despidos de los maestros.
Eran las poderosas cúpulas del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) las que habían asumido la parte sustancial de ese definitorio control. Los méritos para los ascensos fueron adquiriendo cada vez mayores condicionamientos sindicales y menores condicionamientos académicos. En los espacios dominados por la CNTE ese fenómeno se ha llevado a extremos.
La hoy defenestrada Reforma Educativa tuvo como objetivo fundamental liberar a los maestros de la imposición de intereses sindicales para determinar las promociones o ascensos en la carrera magisterial, sustituyéndolos por los méritos estrictamente académicos y pedagógicos.
Desventuradamente la Reforma Educativa no podía partir de una implantación de métodos y técnicas de vanguardia como los que pueden utilizarse en los países más avanzados del mundo; tenía que partir de la cruenta realidad de un grave rezago en factores tan primitivos pero vitales como lo era el recuperar y asumir el elemental control por el Estado de la política educativa, de la formación del magisterio y de la carrera magisterial.
El poder de las elites sindicales se extendió hasta invadir las estructuras de los puestos gubernamentales de la educación tanto en la esfera federal como en la estatal. El dominio se ejercía ya no sólo a través de las comisiones mixtas de escalafón y otras, sino directamente a través de los órganos de gobierno. Así se controlaba el presupuesto educativo, la nómina magisterial, las decenas de miles de comisionados sindicales y muchas prerrogativas más.
