Por Fátima Zamudio Fierro
*Estudiante de la Maestría en Asuntos Internacionales de la Universidad Anáhuac México.
A partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, la securitización de la migración se intensificó marcando un punto de inflexión en la gestión de la política migratoria, dando lugar a nuevas estrategias y enfoques que priorizan la seguridad nacional y han puesto en segundo plano el respeto a los derechos fundamentales de las personas migrantes.
La creación de tratados internacionales y pactos de protección para la migración no han tenido el efecto esperado ya que la securitización de la migración sigue vulnerando los derechos fundamentales de los migrantes más indefensos: los menores de edad.
Al tomar la decisión de atravesar las fronteras desconocen sus derechos, su personalidad jurídica, las leyes del país al que llegan e incluso el idioma, por lo que los menores enfrentan una situación de vulnerabilidad extrema. Estos menores pueden llegar a sufrir accidentes durante su tránsito como asfixia, deshidratación y heridas, ser reclutados en redes del crimen organizado, ser sometidos a explotación sexual o laboral, sufrir maltrato institucional en el momento de la repatriación y en las situaciones más graves perder la vida.
Las políticas de “tolerancia cero” contra los inmigrantes indocumentados han resultado en la separación de miles de familias dentro de Estados Unidos. Este “nuevo” marco legal permite la detención de menores en centros especiales, aislados de sus padres, sin ningún acompañamiento legal y sin acceso a atención médica ni psicológica. La falta de preparación del personal y las condiciones inadecuadas de estos centros han sido denunciadas por múltiples organizaciones, ya que representan una clara violación de derechos humanos.
Este discurso migratorio ha tenido eco en otros países como México, principal ruta de tránsito para migrantes centroamericanos, derivando en la creación de leyes cada vez más restrictivas y violatorias de los derechos humanos, aunque México reconoce formalmente los derechos de los migrantes, sin distinción de nacionalidad o situación legal, en la práctica, también incurre en violaciones al mantener detenidos a menores en estaciones migratorias, separados de los adultos, bajo el argumento de “resguardo”.
Los países que incurren en estos mecanismos buscando la seguridad nacional, han optado por priorizar el control fronterizo por encima de los derechos humanos, ignorando los compromisos adquiridos mediante tratados internacionales. A nivel teórico, estas acciones reflejan una postura realista en relaciones internacionales, donde el Estado es el actor dominante y la seguridad nacional es prioritaria. Sin embargo, la migración contemporánea requiere un enfoque más humano y cooperativo, que integre a instituciones, individuos y organizaciones internacionales.
