Odebrecht acusa denegación de justicia del poder judicial mexicano

Odebrecht ha pedido a la Suprema Corte de Justicia de México que analice sus impugnaciones a las sanciones que le impuso el Gobierno mexicano, alegando una "denegación sistemática" de justicia, dijo este jueves el director jurídico de la compañía para América Central y México, João Horst.

"La estrategia es una solicitud a la Suprema Corte para que haga una atracción del caso dada la repercusión general que se puede dar por un tema procesal", dijo Horst a Efe, aludiendo al desechamiento de amparos interpuestos por la constructora contra las sanciones que le impuso la Secretaría de la Función Pública (SFP).

El abogado indicó que la solicitud de "reasunción de competencia" a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), presentada el 21 de junio pasado, se basa en que el desechamiento de los recursos por parte de tribunales inferiores viola principios constitucionales y jurisprudencia del propio tribunal supremo.

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Por ello, consideró que la SCJN resolverá en breve si atrae el caso y determinará "si dicho desechamiento es legal o constituye parte de una elaborada estrategia diseñada desde la anterior administración para inhibir y evitar el debido esclarecimiento de los ilícitos confesados por Odebrecht".

Las autoridades mexicanas investigan a Emilio Lozoya, quien fue director de la empresa estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) de 2012 a 2016, por haber presuntamente recibido un soborno multimillonario de Odebrecht a cambio de concederle un contrato para modernizar una refinería.

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Indicó que el fallo obedeció a que la sanción anulada se basaba en un informe contable que no le fue facilitado a la empresa para su defensa. "El juez vio evidencia de una violación muy grave y muy obvia a un derecho tan básico y anuló ese procedimiento", precisó.

"Tal vez no hubo interés de la Secretaría de la Función Pública porque no quería meterse en la discusión de sus argumentos", dijo el abogado, y consideró que esa es "una señal muy clara de que su contenido es mínimamente discutible, para no decir más".

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El letrado indicó que desde principios de 2017 Odebrecht presentó una carta a la Procuraduría General de la República (PGR, hoy Fiscalía General) y a la SFP para expresar su disposición de cooperar en las investigaciones sobre ilícitos cometidos por la firma en México y castigar a quien resultara responsable.

Explicó que, como los acuerdos firmados con otros países incluyen la obligación de colaborar con las autoridades de todas las naciones, "ya se han hecho declaraciones y presentado documentos, pero en ese contexto de cooperación internacional, no de una cooperación directa, que es lo que se hace a partir de un acuerdo".

Según el abogado, inmediatamente después del desechamiento de la solicitud para colaborar con la SFP comenzó "una persecución en contra de Odebrecht" en que la dependencia inició procedimientos administrativos que culminaron en la imposición de sanciones y la inhabilitación para participar en contrataciones públicas.