AMLO propone indagar cuentas de jueces
El presidente López Obrador envió al Senado una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que que castiga el nepotismo, el acoso, establece un registro de sanciones y obliga a presentar declaración patrimonial.
Gabriel Xantomila / El Sol de México
Operará una Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que podrá solicitar informes y documentación a la Unidad de Inteligencia Financiera, o a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que provean la información contable y financiera necesaria para el trámite de una investigación.
El decreto establece que los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los magistrados de circuito, así como los jueces de distrito, solo serán responsables por sus interpretaciones o resoluciones cuando se compruebe que hubo cohecho o mala fe.
Inmiscuirse indebidamente en cuestiones del orden jurisdiccional que competan a otros órganos del Poder Judicial de la Federación; y tener una notoria ineptitud o descuido en el desempeño de las funciones o labores que deban realizar, entre otras.
El decreto presidencial tiene que ver con las reformas de fondo que recientemente hizo el Congreso al Poder Judicial de la Federación, por lo que resulta necesario actualizar las normativas y ajustes de técnica.
Se expresan textualmente los conceptos de acosar u hostigar sexual mente dentro de la descripción de la conducta, “para no dejar dudas sobre cuándo resulta sancionable un acto de esta naturaleza’’.
También la obligación expresa de llevar el Registro de Servidores Públicos y de Particulares Sancionados; y la la obligación de presentar la declaración patrimonial.
Quedó establecido que el Consejo de la Judicatura Federal suspenderá en sus cargos a magistrados de circuito y jueces de distrito que aparecieren involucrados en la comisión de un delito.
Cuando la suspensión haya sido decretada por el Consejo sin mediar una solicitud de otra autoridad, deberá instruirse la formulación de denuncia o querella en los casos en que proceda.
La Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, tendrá la carga de la prueba para demostrar la veracidad sobre los hechos que demuestren la existencia de faltas administrativas, así como la responsabilidad de aquellos a quienes se imputen las mismas.
Igualmente, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que estime conducentes para llegar a la verdad material de los hechos, así como desahogarlos en su momento.
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Solicitar la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia de los mismos; inspeccionar, en el ámbito de su competencia, el funcionamiento administrativo de los órganos jurisdiccionales a partir de las quejas interpuestas en contra de funcionarios.
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