Aplicarán Ley garrote a sindicatos charros

VILLAHERMOSA. En lo que va del año se han creado 70 sindicatos patito en Tabasco y los líderes engañan a las ciudadanos prometiéndoles que les conseguirán trabajo mediante un pago de cinco mil pesos, cuando todo eso es mentira y solamente los utilizan para hacer bloqueos y obtener más recursos económicos mediante la extorsión, señaló José Antonio de la Vega Asmitia, secretario de Desarrollo Energético de Tabasco (Sedener).

Dijo que una vez que les sacan los cinco mil pesos los convocan para organizar bloqueos a las empresas, con el argumento que de esa forma les darán el empleo de forma segura, cuando en realidad lo que quieren estos líderes es obtener más dinero mediante el chantaje para dejar que sigan los trabajos.

Afirmó que ha existido dolo por parte de quienes critican la reforma al Código Penal que crea la Ley Antiextorsión, ya que no va reprimir las manifestaciones públicas porque están consagradas en la Constitución, sino que van a combatir a estos pseudo sindicatos que dañan el progreso de Tabasco.

"La Ley Antiextorsión aprobada en el Congreso de Tabasco, sólo establece sancionar a quien sin ningún derecho pretenda obstaculizar el paso de personal o maquinaria a una obra o proyecto, y aumentando la pena cuando se utilice violencia o se pretenda cobrar", explicó el expresidente del Congreso local.

Hace unos días el gobernador Adán Augusto López Hernández afirmó que no se busca que sea una medida coercitiva que impida o limite el derecho de los ciudadanos a la libre manifestación de las ideas, sino que la Ley Antiextorsión sólo se centra en quienes buscan chantajear y con cualquier pretexto impedían el libre tránsito o bloqueos a empresas, y la ley garantiza los plenos derechos de todos los tabasqueños.

Sin embargo, organizaciones no gubernamentales buscaran ampararse federalmente contra la también llamada Ley Garrote. María Teresa Jaber Pancardo, fundadora del Consejo de Organismos no Gubernamentales en Tabasco, y vicepresidenta de la Confederación Internacional de ONG’s, afirmó que esta Ley es a todas luces anticonstitucional y anticonvencional, por lo que buscará primero un amparo de la justicia federal, y luego la intervención de instancias internacionales para promover su anulación.