En México talan el equivalente a dos veces la CDMX

Y no sólo es el crimen organizado involucrado en la tala de árboles, también han contribuido madereras y aserraderos sin regulación ni auditorías; la actividad ganadera, agrícola y turística; dificultades para la integración de proyectos de aprovechamiento forestal; disminución de presupuestos a instituciones encargadas de velar el medio ambiente; falta de personal y corrupción de autoridades encargadas de vigilar, señalan especialistas en la materia.

Apenas el 12 de diciembre pasado, pobladores de Ciénega Puerto Alegre, San Miguel Totolapan, en Guerrero, se apostaron en medio del camino para bloquear el paso de los camiones que volvían repletos de troncos de madera. “Los paramos y los quemamos”, dijeron algunos cuando se dirigían a la zona boscosa con maquinaria pesada, una grúa y retroexcavadora.

Los aguerridos comuneros no se postrarían y mucho menos dejarían saquear sus recursos naturales. Ese día un grupo de unos 60 se organizó y tomó sus armas para impedirlo. Pero el problema no surgió ese día, sino en noviembre de 2018, cuando comenzaron con un proyecto de aprovechamiento forestal sustentable y al mes, los delincuentes les exigieron una cuota de un millón de pesos para dejarlos trabajar.

Los ejidatarios se negaron. Ante la respuesta, cinco de ellos fueron asesinados y el proyecto paró. Lo mismo ocurrió en el poblado de Guajes de Ayala, Coyuca de Catalán, en la misma tierra caliente guerrerense, donde también los pobladores tenían un permiso para la explotación de sus bosques. En marzo de 2020 sujetos armados se apoderaron de su campamento, herramientas y maquinaria, pero iban protegidos por personal militar y comenzaron con la tala ilegal.

Hasta 2010, México contaba con 49.8 millones de hectáreas de bosque natural que se extendían sobre 26 por ciento de su extensión territorial, pero en 2019 perdió 321 mil hectáreas, revela Global Forest Watch. Esta extensión duplica el área que ocupa la capital del país (unas mil 500 hectáreas) y es un poco menor al territorio de Tlaxcala (unas 400 mil hectáreas).

El robo de la madera con fines comerciales parte de intereses ajenos a comunidades, ejidos y propiedades particulares, como el caso del crimen organizado, lo mismo que el cambio de uso de suelo, que su objetivo no es vender la madera, sino desmontar para tener tierras para uso agrícola y uso inmobiliario, son los factores que contribuyen a la tala ilegal, explica Arturo García Aguirre, coordinador del colectivo MEF Bosques.

“En la Selva Lacandona (Chiapas) hay un proceso importante de deforestación, no tanto por el comercio de madera, sino por el cambio de uso de suelo. Son más comunidades las que están optando por actividades agropecuarias, principalmente ganadería y lo que son parcelas. Ves cómo están tumbando y usan parte de la madera, otros la queman. Ese es el mayor proceso de deforestación que hay ahorita en la selva, no tanto extracción de madera, si no por querer poner vacas”, cuenta.

“Les estorba, lo queman, lo cortan, y como no hay una presencia institucional no se hace nada. Estamos perdiendo una gran cantidad de áreas de manglar. En Quintana Roo más de 50 por ciento de la superficie por manglar lo hemos perdido en los últimos 25 años, es un territorio forestal”, explica.

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A esta problemática de deforestación, se agrega que existe una regulación inadecuada para el aprovechamiento forestal en cuanto costos y trámites burocráticos para los ejidos, que buscan ser sustentables y cuidar de los bosques. Los trámites son costosos y burocráticos, por lo que algunas comunidades optan por la tala ilegal.

Pone de ejemplo a algunos vendedores de muebles en la CdMx, que tienen un mercado de desarrollo potencial en la carpintería, al igual que los productores de mezcal que requieren madera para la quema y proceso de elaboración, o artesanos, a quienes les resulta incosteable contratar un ingeniero para un programa de manejo y ponerlo en operación de manera legal. Lo mismo que dar seguimiento para dar informes anuales y asistencia técnica.

“Estamos hablando de que en materia forestal, para poder tener un programa de manejo tiene que pasar 17 etapas de trámites para bosques, por ejemplo de pino y encino, y 21 etapas de trámite para cuestiones de selvas, en áreas naturales protegidas o de difícil regeneración (...) Pero si quieres poner aguacate, no tienes trámite alguno que te lo impida, solo te juntas con seis ‘pelados’ para conformarse en un grupo y pueden recibir los apoyos”, explica Garcia Aguirre.

“Hay una forma de regulación general que es muy pesada, con altos costos de transacción, es difícil de comprender. Otro de los procesos o de los fenómenos que están aquí involucrados, es la falta de rentabilidad, de iniciativas para el aprovechamiento sustentable y económico. En los casos donde hay comunidades que tienen empresas sociales, que están ganando dinero para derramarlo en la comunidad, son los casos donde está contenida la tala ilegal”, destaca Gonzalo Chapela.

“Lo que necesita es el fortalecimiento de las oficinas que hacen la gestión de los permisos. En los últimos años la Semarnat y las delegaciones estatales se han ido debilitando, en Campeche, Quintana Roo, Chiapas la delegación de la Semarnat tienen a una sola persona que recibe la solicitud para hacer una autorización, revisar el plan de manejo, no tiene vehículo y tienen en su escritorio una torre como de 50 planes”, subraya.

“Hay una falta de inversión de presupuesto. Los últimos siete años hemos visto la reducción de la capacidad para poder ejercer la regulación y las funciones, que la ley está afinando. O sea hay una caída de más de 60 por ciento a la Conafor (Comisión Nacional Forestal), tanto para la promoción de las buenas prácticas, como para la capacitación de las comunidades, usuarios y también a la Semarnat para poder ejercer la regulación”, explica Gonzalo Chapela.

“En los gobiernos de Peña Nieto, como el actual (Andrés M. López Obrador), han estado reduciendo los presupuestos de la Semarnat. Los gobiernos en turno deberían de fortalecer las capacidades de la institucionalidad ambiental (...) Tanto la Profepa como la Conafor, Conam, la Conabio están con presupuestos tremendamente recortados”, señala Sergio Madrid.

Esta reducción de presupuestos contribuye a que el margen de operación de las dependencias se vea reducido. “Es el caldo perfecto para que se incrementen las cosas. Si de por sí antes había un poco más recursos había tala ilegal, pues ahora van a tener menos impedimento para hacerlo”, dice Alan Monroy.

“Ya no hay agua, la gente ya no siembra. Entonces todo eso está perjudicando el medio ambiente, por los cambios climáticos que tenemos. Antes, por ejemplo, en la sierra estaba más tupido de árboles y cuando estaba la milpa de maíz, había meses o días que no llovía, y esa frescura llegaba al llano y la mantenía fresca. No se secaba la milpa. Inclusive ahorita el pueblo está creciendo y hace falta el agua potable”, lamenta Julio Bueno, un habitante de la región de Chichihualco, en Leonardo Bravo, Guerrero.

La razón, es que sus mantos acuíferos junto al río están secándose, por la tala indiscriminada de los ejidatarios encargados del proyecto de aprovechamiento forestal maderable con número de oficio DFG 02.02.205/2011, que debió terminar en 2020, y que ha sido sobreexplotado, además de no ser reforestado como señala el plan de manejo.