Este comité abre la posibilidad de que la reforma sea impugnada en tribunales por los trabajadores
Fernando Merino / El Sol de México
La consejera Claudia Zavala reiteró el tiempo reducido que tendrán para hacer todos los cambios y destacó la importancia del análisis que tendrán que hacer para la reestructura.
Un Comité Técnico será el encargado de implementar los cambios del Plan B de reforma rlectoral que entró en vigor hoy, así lo aprobó el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).
Dicho Comité estará integrado por los consejeros Carla Humphrey, Claudia Zavala, Dania Ravel, Norma de la Cruz, Uuc-kib Espadas, Martín Faz y Jaime Rivera y tendrá seis meses para realizar todos los cambios del Plan B, incluyendo la compactación de diversas áreas y la modificación de los instrumentos normativos y administrativos del INE del árbitro electoral.
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La Consejera Carla Humphrey precisó que el Comité tendrá también como tarea identificar el costo que implicará la reestructuración, tomar la opinión de los órganos desconcentrados con relación al perfil y competencias idóneas para los vocales ejecutivos, definir el plan de trabajo y cronograma para cumplir con las modificaciones de la reforma, así como la elaboración de informes mensuales que den cuenta del avance.
Humphrey recordó que originalmente el Plan B iba a ser aprobado antes del 15 de diciembre del año pasado, sin embargo, su ratificación se dio en febrero y su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) tuvo lugar apenas ayer, lo que advirtió reduce considerablemente el tiempo para hacer todos los cambios.
“Hemos perdido tiempo valioso para lograr aplicar la reforma de la mejor manera posible, sobre todo para lo que implica cambios a la estructura del Instituto. Originalmente se habían dado casi cuatro meses y hoy tenemos la mitad de ese tiempo para una reforma compleja y con tiempo escaso para su implementación ”, indicó.
En tanto, Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, afirmó que la aprobación del acuerdo es una buena noticia porque abre la posibilidad de que sea impugnado en tribunales por los trabajadores que consideren que sus derechos son vulnerados con el recorte de sus puestos de trabajo.
