Quiebra acecha 7 universidades públicas

En lo que va de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador el presupuesto de las universidades públicas del país acumula un déficit de 30 mil millones de pesos para cubrir salarios, prestaciones de fin de año, el pago para hacer gratuita y universal la educación y recursos para el mantenimiento de infraestructura. Eso ya provoca en este momento que siete universidades estatales estén en riesgo de quiebra, aseguró Luis González Placencia, secretario ejecutivo de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES).

En entrevista con El Sol de México dijo que no contar con los recursos para hacer gratuita y universal la educación de más de cinco millones de alumnos hace que no solo se incumpla la promesa presidencial en la reforma educativa, sino que ese costo se trasladó a las familias.

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"El costo de eso (del déficit) se lo vamos a trasladar a las familias. Alguien paga el déficit... Lo que está pasando es que las universidades están recurriendo a las cuotas, a seguir cobrando, para seguir cobrando, para salir adelante".

Agregó que al acudir a la Cámara de Diputados "defenderemos el presupuesto de nuestras asociadas, que son 211, pero en realidad el tema también involucra a todo el conjunto de universidades tecnológicas, institutos tecnológicos, públicas estatales que no están en ANUIES y que forman parte del sistema de educación superior".

A pesar del ofrecimiento presidencial de no disminuir el presupuesto y de que se ha cumplido esa promesa en términos de la inflación se ha incumplido en términos de otras mermas que han ido generando un déficit que suma los 13 mil millones de pesos y, además si se suma lo que se ha perdido por la cancelación de los fondos extraordinarios, podría llevarnos a la suma de 30 mil millones de pesos. De ese es el tamaño del déficit presupuestario en las universidades.

Pero desafortunadamente quien carga con el costo del déficit han sido las familias de los estudiantes. Esto contradice el mandado constitucional de 2019 que planteó la gratuidad de la educación superior, porque se planteó la creación de un fondo para hacer posible la gratuidad de la educación superior e incluso que en el cuarto año de gobierno ese fondo sería posible y eso no ha pasado y pensamos que no va a pasar en lo que termina el sexenio.

En ANUIES diseñamos una estrategia para plantearle a los diputados la necesidad de recuperar, al menos, una parte del presupuesto que hoy se asignó para 2024 con cero pesos. Esa es la propuesta de la Secretaría de Hacienda, pero pensamos que esa es una posibilidad para que asignen presupuesto por lo menos en cinco áreas que consideramos urgentes atender: la ampliación de subsidio ordinario para atender la política salarial de 2024 y aguinaldos, la posibilidad de un fondo solidario para mejorar la infraestructura, la pandemia nos señaló retrasos en materia tecnológica para emprender una transformación y aumentar la oferta educativa. El tercer tema es atender los problemas estructurales: pensiones y en los análisis el escenario complejo nos lleva a que probablemente siete universidades entren en quiebra en los próximos años. Recursos para el desarrollo del personal docente y la cobertura de plazas de personal de honorarios, asociado a los derechos laborales. El último tema es recupera las becas Elisa Acuña, se perdieron recientemente, no todas pero sí tuvieron impacto entre los estudiantes.

Son tres, el de la recuperación de la política salarial de 2024 y estamos pidiendo dos mil 651 mil pesos. El segundo es el fondo solidario para infraestructura y equipamiento donde pedimos 2 mil millones y, el tercero, es el de apoyo para evitar la quiebra de universidades que son mil millones, El total de los cinco programas con 7 mil 049.3 millones de pesos, que son una partecita del déficit total.

Sí, es para superar el estigma de que más universidades son fuente de corrupción y dispendio. Si eso ocurrió en algún momento por el impacto de la Estafa Maestra, pero que en realidad manchó a las universidades públicas que no tuvieron una participación relevante en ese proceso, quizás solo participaron dos. Hoy estamos en la idea de cambiar esa imagen para cumplir con la reforma de este sexenio… La idea es que las universidades no sean vistas como productoras de profesionistas liberales, como se acostumbra a en el pasado, sino como una fuerza laboral para enfrentar los problemas del país, colaboren con los grandes megaproyecto, que contribuyan en el desarrollo por ejemplo en el Tren Maya, energético y del corredor interoceánico…

Sería la mínima respuesta al ofrecimiento de gratuidad y materializar la promesa en las universidades, pero también mandar un mensaje de que la educación superior es un proyecto estratégico, que interesa al Estado mexicano.

No, no se lograron. Más bien estamos buscando no perder el poco presupuesto con lo que contamos: disciplina en el gasto, cada vez hay menos universidades con cero observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Proyectos de generación de recursos propios: patentes y venta de servicios, todo para no aumentar la merma. Ahí incluimos que no haya merma en la forma que los gobiernos estatales escatiman recursos a las universidades que deben entregar por ley.

Va a continuar el esfuerzo por cumplir con las tareas encomendadas, pero para mí es importante poder señalar que el costo de eso se lo vamos a trasladar a las familias. Alguien paga el déficit. No es que la funcionalidad ocurra porque en las instituciones haya superávit escondido por ahí y que no lo estamos evidenciando, de ninguna manera. Si piensas cómo en cómo se distribuye el presupuesto en las universidades entre 80 y 90 por ciento se va en salarios, apenas queda un diez por ciento para pagar servicios: agua predial, luz y una a cantidad mínima cantidad para operar en invertir en computadoras, equipamiento y construcción de aulas. Lo que está pasando es que las universidades están recurriendo a las cuotas, a seguir cobrando, para seguir cobrando para salir adelante. Ahí es donde quisiéramos poner el énfasis porque si no se ponen los recursos para operar en la educación superior, ese déficit va a seguir cubriéndose por las familias.

Es un escenario posible, es un escenario que se puede presentar. No estamos en la lógica de amenazar, de ninguna manera, pensamos que es posible construir un diálogo en el que se puedan plantear razones que son comprensibles y que dan idea de las dificultades que enfrentaría la educación superior de no tener el presupuesto adecuado. Por lo pronto, habría universidades en quiebra y ese escenario sería catastrófico para la educación superior del país.

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