Consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, el plan
Bertha Becerra / El sol de México
Con miras a restablecer el Estado de derecho y desterrar la impunidad en materia de robo de combustibles, además de obtener una respuesta integral en esta lucha, la Estrategia Nacional de Seguridad planteada por el Gobierno federal determinó que, además de a los esfuerzos de la Secretaría de la Defensa para garantizar la seguridad de Pemex, se sumen todas capacidades institucionales del Estado a través de las policías en la producción de inteligencia, auxiliar al Ministerio Público Federal y en prevención e investigación.
La Estrategia de Combate al Mercado Ilícito de Hidrocarburos que el viernes entregó el Ejecutivo Federal al Senado de la República para su análisis y contiene la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, propone tres etapas: La primera, busca resolver las necesidades de producción de inteligencia que permita prevenir robos de combustible o sabotaje a las instalaciones de Pemex; dar seguimiento y auxiliar a la Fiscalía General de la República (FGR) con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, a efecto de apoyar en la judicialización de detenidos y en el aseguramiento de inmuebles, vehículos o instrumentos del delito.
En la segunda, se plantea identificar el número de investigaciones en curso, a fin de establecer las redes de vínculos que permitan la identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos así como quienes les brindan protección desde su calidad de servidores públicos.
Además, consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicios que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes sociales regionales relacionados en la comisión de tales delitos.
Y en la tercera etapa, la estrategia plantea evaluar la capacidad de respuesta institucional, tanto del número de ataques a ductos como las posibles pérdidas por robo de combustible; número e investigaciones iniciadas, de personas detenidas y procesadas, de órdenes de aprehensión obtenidas y cumplidas.
