Violencia de género en México: el desafío de implementar mecanismos de protección para mujeres
La abogada penalista Valeria Martínez Mondragón se ha enfrentado a un caso difícil al defender a ocho alumnas del IPN, víctimas del delito contra la intimidad sexual
Gloria López / El Sol de México
Largas horas de audiencias, de enfrentar discriminación y de luchar contra las deficiencias del sistema.
La abogada recordó que al inicio de las audiencias las alumnas salían llorando, pero con el tiempo ha logrado que se sientan seguras y tranquilas con su defensoría.
"Entonces en su momento no lo pensé, no imaginaba todas las deficiencias que iban a existir y las necesidades para poder acreditar este tipo de delito”, expresó.
Valeria estudió derecho penal en la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Azcapotzalco y cuenta con una especialidad en derechos humanos en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
Este mes se llevarán a cabo las últimas audiencias en las que se espera que el agresor de dos de las estudiantes pueda tener una sentencia condenatoria de al menos 12 años por cada una.... (en espera de lo que suceda el miércoles)
Por ello aceptó apoyar a las alumnas y representarlas para visibilizar este tipo de violencia y contribuir a que se castigue o no se repita con otras mujeres.
Sin embargo, la representante legal explicó que durante este año la defensoría de las alumnas no ha sido fácil, pues solo dos casos se lograron judicializar porque contaron con las suficientes pruebas, pero el resto, se encuentran con trabas.
Además de enfrentar los vacíos legales que existen en la ley, así como la falta de herramientas digitales y licencias para poder realizar bien las investigaciones.
Abogadas luchan contra la violencia ácida
Naxhiellie Carolina Hernández Hernández, es otra de las abogadas que venció las trabas legales para lograr justicia en el caso de Carmen Sánchez, quien fue atacada por su pareja con ácido en 2014.
Después de diez años de lucha, en mayo de 2023 su agresor finalmente fue sentenciado a 46 años y ocho meses de cárcel.
Una lucha histórica en América Latina por ser condenado por tentativa de feminicidio y no por el delito de lesiones como principalmente fue considerado.


























