El Presupuesto federal destinado a las instituciones públicas de educación superior en el país, incluida la UNAM y el Politécnico, observará en 2026 números negativos, con más de cinco mil millones de pesos menos en términos reales que el año pasado (ver cuadro anexo). Sin descontar la inflación, la cifra nominal de incremento representará 10 por ciento de lo que el sector reclamaba como indispensable para evitar la insolvencia, de acuerdo con la ANUIES, la entidad que lo agrupa.

La crisis financiera de estas instituciones, agravada por la creciente carga de pensiones y jubilaciones, las ha vuelto más vulnerables a protestas internas y a presiones de funcionarios federales y locales. Gobernantes de varias entidades están condicionando apoyos a reformas legales y una mayor intromisión. Como le he informado, incluso funcionarios federales como Martí Batres, cabeza de una facción radical en el obradorismo, y algunas autoridades de la ciudad de México, llevan a cabo acciones desestabilizadoras en la UNAM y el Politécnico, con cálculos político-electorales.

Otro factor en las casas de estudio es la “generación post-Covid”, que llevó a las aulas universitarias a decenas de miles de jóvenes que cursaron hasta dos años de la preparatoria desde su casa y hoy exhiben déficit no sólo académico sino de madurez personal e interacción social. La demanda de esta generación para presentar este mes exámenes en forma virtual es la principal causa, por ejemplo, de que media docena de facultades de la UNAM estén en paro.

Estos escenarios han desbordado las capacidades de la Secretaría de Educación Pública, a cargo de Mario Delgado. El subsecretario de Educación Superior de la dependencia, Ricardo Villanueva, exrector de la Universidad de Guadalajara, es retratado como un ineficaz gestor de esta crisis. Durante meses ha pedido a las universidades “apoyar, no reclamar” a Palacio, por lo que les pidió realizar “actos en favor de la paz”, como eventos y murales en los campus escolares.

Gracias a la interlocución con diversas carteras del gabinete —a diferencia de lo que ocurrió durante el gobierno de López Obrador—, el miércoles se realizó un encuentro de los rectores del país con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien no obstante enfrió toda expectativa al llamar a que en las casas de estudio haya “menos privilegios y mayor matrícula”. Ello refleja la estrechez presupuestal del gobierno, pero también aleja la apuesta por una educación de excelencia, y atrae en cambio riesgos de explosiones sociales.

Es difícil no considerar una instigación contra el diario Reforma la desorbitada inspección de la Secretaría del Trabajo, que encabeza Marath Baruch Bolaños, luego de que publicara las fotografías —tendencia en redes sociales— en las que la presidenta Claudia Sheinbaum es víctima de acoso sexual mientras caminaba por el Zócalo capitalino. Este episodio debe abrir un debate sano sobre el bien superior protegido entre la dignidad y privacidad de un funcionario público, la libertad de expresión y el derecho ciudadano a saber.

La duda ahora radica en si la inopinada inspección laboral fue dispuesta por Palacio, o se trató de una provocación montada por un sector del obradorismo. Bolaños López está ligado estrechamente al polémico Andrés López Beltrán al menos desde 2014. Al arranque del gobierno de López Obrador (2018) fue colocado como secretario particular del entonces canciller Marcelo Ebrard. Tenía 32 años y exasperaba a su jefe, por incompetente. Cayó “hacia arriba”, porque Andy lo promovió para hacerlo subsecretario del Trabajo (2020-2023), a cargo de jugosos programas como “Jóvenes Construyendo el Futuro”. Tras la salida de la entonces titular, Luisa María Alcalde, en ese 2023 se le puso al frente de la dependencia, y fue ratificado en 2024.