Exhorto a la FGR

A este momento en el que me encuentro redactando esta colaboración para Diario de Xalapa, muchas investigaciones periodísticas estiman una extraordinaria prosperidad inmobiliaria de parte de Rocío Nahle, valuada presuntamente en 88 millones de pesos. A esta misma hora, la llamada Refinería Olmeca ronda alrededor de los 24 mil millones de dólares de costo de su construcción, a pesar de que hasta ahora hay más gasolina en el agua potable de la Ciudad de México que en los ductos de Dos Bocas.

Por ello se ha publicado en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, un punto de acuerdo por el que se hace un exhorto a la Fiscalía General de la República para que haga de forma expedita los trámites y procedimientos legales necesarios para que la Secretaría de Energía, el Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos y cualquier otra instancia gubernamental involucrada; para que transparenten todos los proyectos, licitaciones, adjudicaciones directas, además de todo tipo de contratos y recursos económicos asignados para la construcción de la Refinería Olmeca-Dos Bocas, esto con el propósito de que sean esclarecidas legalmente las acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito de la exsecretaria de Energía del gobierno federal Norma Rocío Nahle García

Es inaceptable que la información sobre el destino de una obra que triplicó su costo en millones de dólares sea reservada. La opacidad en el proyecto de la refinería alimenta sospechas sobre posibles prácticas corruptas. Es imprescindible que la Fiscalía actúe de manera expedita. La denuncia de presunto enriquecimiento ilícito presentada por José Yunes debe ser investigada con seriedad y prontitud. Los funcionarios públicos corruptos deben ser responsables y responder ante la ley en lugar de ser postulados a gobernadores.

Con la estimación de la posesión de propiedades por 88 millones de pesos, la reserva de información sobre la refinería solo alimenta la desconfianza. El Estado mexicano está obligado a cumplir con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción que en artículo 10 enfatiza que la transparencia es un imperativo para combatirla. El artículo 19 refiere la persecución legal del abuso de funciones o del cargo, es decir, la realización u omisión de un acto, en violación de la ley, por parte de un funcionario público en ejercicio, con el fin de obtener un beneficio indebido para sí mismo o para otra persona o entidad.

La Constitución Política, con el impulso del bloque legislativo oficialista que simpatiza con el gobierno al que sirvió Norma Rocío Nahle García, fue reformada en el artículo 19 durante abril de 2019, con el propósito de que sea aplicada la prisión preventiva oficiosa a los actos de, “corrupción tratándose de los delitos de enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones”.

El Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 afirma que: “Erradicar la corrupción del sector público es uno de los objetivos centrales del sexenio en curso. Lo anterior significa un combate total y frontal a las prácticas del desvío de recursos, la concesión de beneficios a terceros a cambio de gratificaciones, la extorsión a personas físicas o morales, el tráfico de influencias, el amiguismo, el compadrazgo, la exención de obligaciones y de trámites y el aprovechamiento del cargo o función para lograr cualquier beneficio personal o de grupo.”

Una vez expuestos los indicios de una inexplicable riqueza inmobiliaria con las aportaciones valiosas del activista Arturo Castagné, resulta necesario que exista una investigación escrupulosa sobre la refinería triplicó su costo, aunque la información se encuentra reservada con supuestos argumentos de “seguridad nacional”.

Pero esa reserva no es insalvable como maliciosamente lo quieren hacer creer los morenistas, ya que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública tiene previsto en el artículo 101 fracción III, que toda información que haya sido clasificada como reservada puede hacerse pública cuando: “Exista resolución de una autoridad competente que determine que existe una causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información”. Con esta última referencia, se advierte que la Fiscalía tiene las atribuciones para determinar que esa información reservada puede hacerse del conocimiento público y ser parte de la carpeta de investigación iniciada en ocasión de la denuncia presentada.