Habrá que ver si el alfil de Manzur pasa la prueba de la honestidad del actual régimen de la 4T.
En el proceso resarcitorio ASF/378/23/2016, la ASF resolvió que existía responsabilidad del entonces funcionario estatal, debiendo resarcir al patrimonio del estado 23 millones 456 mil 768 pesos.
Las averiguaciones de la PGR y de la ASF, al parecer, aún no habrían sido sobreseídas.
Hace un par de semanas se dejó ver en un popular café porteño al exalcalde priista de Boca del Río, Salvador Manzur Díaz, rodeado de otros siete amigos, entre ellos Ramón Álvarez Fontán, a quien el exdiputado federal del PRI estaría promoviendo para la alcaldía boqueña, pero no por el partido tricolor, sino por el bloque partidista que encabezará Morena en 2021.
Y es que apenas asomó la cabeza, los detractores de Álvarez Fontán comenzaron a difundir su vida y milagros, pues al ahijado político de Manzur le atribuyen, por ejemplo, haber sido el operador de las donaciones que Petróleos Mexicanos hizo al gobierno de Javier Duarte, el cual recibió gasolinas, asfalto y hasta un helicóptero marca Eurocopter que Pemex le entregó para la Secretaría de Protección Civil.
Álvarez Fontán ha sido implicado hasta en el presunto desvío de combustibles hacia sus propias estaciones de servicio y las de otros empresarios gasolineros que en el sexenio del exgobernador Fidel Herrera fueron los principales financiadores de las campañas de los candidatos del PRI, entre ellas la de Duarte y Manzur en 2010.
Además de la supuesta carpeta SIEDO/134/2016 que desde hace cuatro años le habría abierto la PGR por asociación delictuosa, Álvarez Fontán enfrentaría también otras denuncias ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF) tras su paso por una área de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, pues como encargado de darle mantenimiento a la maquinaria pesada habría dispuesto de un presupuesto anual de 178 millones de pesos; pero cuando los auditores federales revisaron el parque vehicular de la SIOP se encontraron con pura chatarra, fincándole responsabilidades por desvío de recursos y daño patrimonial, según el expediente ASF/234/23/2016.
Para garantizar el pago, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ejecutó el embargo precautorio de su casa particular ubicada en la calle Punta Salinas número 321 del fraccionamiento El Estero. Para resarcir el desfalco a la hacienda pública, Ramón Álvarez tuvo que vender la gasolinera de su propiedad, ubicada frente al palacio municipal de Boca del Río, con lo cual pudo evitar el embargo definitivo de su residencia.
Por eso sorprende que, aparte de Manzur, se diga que otros destacados personajes de la 4T en Veracruz —como el subsecretario de Gobierno, Carlos Juárez; el aspirante a la dirigencia estatal de Morena, Esteban Ramirez Zepeta, y el diputado federal Ricardo Exome Zapata— lo estén apuntalando también para la alcaldía boqueña. ¿Será? Algunos lo dudan.
